Santa Cruz de Tenerife.- La parlamentaria de Nueva Canarias (NC) Esther González reprochó la falta de explicaciones del presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en su reciente visita a Canarias; sobre el giro promarroquí de Sánchez en detrimento de los derechos del pueblo saharaui. La diputada de NC abordará mañana martes este conflicto en la sesión de control al Gobierno canario.
Esther González preguntará al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, sobre la visita del titular ministerial. Exteriores, tal y como recordó la diputada de NC, anunció que Albares daría las oportunas explicaciones sobre el sorprendente giro del jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, ni Pedro Sánchez, en las sucesivas comparecencias en la Cámara Baja, ni Juan Manuel Albares, en la comparecencia pública posterior al encuentro con el Ejecutivo canario, explicaron las razones de esta decisión «unilateral», mantuvo González.
El responsable ministerial, agregó la parlamentaria de NC, se limitó a expresar valoraciones sobre las bondades del restablecimiento de relaciones con Rabat, relativas al control de los flujos migratorios y las mafias que trafican con la vida de las personas, lo que beneficiaría «supuestamente» a las islas porque «no tendríamos que seguir gestionando» unos flujos que «sobrecargaban» al Archipiélago.
Lejos de ser ciertas estas manifestaciones, González cuestionó que el titular ministerial «nada de nada» dijera sobre la postura promarroquí del jefe del Ejecutivo estatal en relación al Sáhara Occidental.
En Nueva Canarias (NC) «seguimos sin entender cuál es el beneficio real de este giro», denunció Esther González. «No nos vale, como justificación», el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados, tal y como advirtió.
«Jamás, y nunca», observó, las relaciones entre países se pueden basar en la «extorsión» y, «mucho menos, en la vulneración» de la legalidad internacional y los derechos humanos que amparan al pueblo saharaui para celebrar el referéndum de libre determinación.
Hizo hincapié en que «ningún» gobierno del Estado, fuera del color político que fuera y en sus responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, ha asumido la responsabilidad política, moral e histórica, de llevar a «buen puerto» la celebración de la citada consulta.
Pero «no es menos cierto», agregó, que la falta de explicaciones «de poco ha servido para legitimar» el cambio de posición unilateral de Sánchez. El pueblo saharaui, «como cualquier otro», para Esther González, tiene el derecho a decidir sobre su soberanía, exigir el respeto a las reglas democráticas, a los derechos humanos y a su libertad.
