Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento en materia social, Carmen Hernández, hoy en la sesión de control al Gobierno, subrayó que la Renta de Ciudadanía (RC) es una prestación económica básica, complementada con ayudas para el acceso a la vivienda, a la educación y para fomentar el empleo, destinada a «dignificar la vida de las personas sin dejar a nadie atrás». La diputada del grupo canarista progresista mantuvo que es una medida útil para combatir la pobreza y promover la cohesión social. Hernández apostó por una rápida aprobación del proyecto de ley con el objetivo de que, en 2022, comience a implantarse, de forma gradual, para llegar a los 40.000 potenciales beneficiarios.
La portavoz sectorial de NC se interesó por las repercusiones de la aprobación del Proyecto de Ley (PL) de la Renta de Ciudadanía de Canarias ante el próximo inicio de su tramitación en la Cámara.
Para Carmen Hernández, la RC expresa el compromiso de Nueva Canarias para combatir las desigualdades. Un trabajo que, en el Parlamento, se ha traducido en distintas iniciativas de relevancia, como la presentación en la octava legislatura del primer plan canario de lucha contra la pobreza así como una proposición de ley para la creación de esta renta en la novena legislatura, vetada por los partidos de la derecha que hoy están en la oposición; y su inclusión en la Ley canaria de Servicios Sociales.
Ahora, en la X Legislatura, según la parlamentaria nacionalista, el Archipiélago «marca un hito histórico en la consolidación de los derechos de las canarias y los canarios y en la defensa de la dignidad» de cualquier persona o familia en situación de vulnerabilidad ya que podrá cubrir sus necesidades básicas (agua, luz, vivienda, alimentación y acceso a Internet, entre los principales).
Una prestación económica, continuó, a la que se tendrá derecho mientras dure la situación de fragilidad por la disposición de unos ingresos insuficientes para llevar una vida diga y que podrá complementarse con otras medidas innovadoras.
Entre ellas, la propuesta aportada por NC, durante la redacción del proyecto de ley, para cubrir los gastos de la vivienda como el alquiler. Sin olvidar, el destinado a las familias con menores y las monomarentales, entre las principales, para garantizar su educación.
Esta herramienta, que también prevé programas para la inclusión social e inserción laboral, para Hernández, es una «decisión muy importante». Pretende que «nadie se quede atrás», que sus beneficiarios tengan una «estabilidad en sus proyectos de vida», enfatizó la portavoz de NC.
En base a las experiencias de Euskadi, la primera comunidad del Estado en poner en marcha este tipo de instrumento y la más antigua del mundo en Alaska, Carmen Hernández dijo que «se desmitifican los dos principales argumentos de quienes cuestionan» este tipo de políticas sociales. La parlamentaria canarista aseguró que se ha revelado como un medio eficaz para luchar contra la pobreza y, por tanto, para reducir las desigualdades. «Tampoco desincentiva» el empleo, puntualizó.
Abogó por una rápida tramitación parlamentaria con el objetivo de que, en 2022, comience a implantarse, de forma gradual, para llegar a los 40.000 potenciales beneficiarios entre las decenas de miles de personas con una pensión no contributiva, las dirigidas a complementar los ingresos del trabajo ante la precarización del mercado laboral y la orientada a la inclusión social de los jóvenes vulnerables menores de 24 años.
