Yoné Caraballo se pregunta «para qué sirve declarar la emergencia social en Lanzarote si acabamos ubicando a los menores en carpas a ras de muelle»
Santa Cruz de Tenerife.- El diputado por Lanzarote y La Graciosa, y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Yoné Caraballo, considera que lo «fundamental», mientras se llega a un acuerdo en el reparto de los menores no acompañados, es que Canarias y España garanticen los derechos y el bienestar de los chicos y chicas que se encuentran en las islas.
Así lo expresa Caraballo tras conocerse la intención del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Lanzarote de ubicar a los menores en carpas a ras de muelle. Una decisión que, de producirse, conlleva «la vulneración de la Convención de los Derechos del niño, la Ley Orgánica de Protección del Menor y, en consecuencia, a una renuncia de los valores sociales que nos hemos dado como Estado de derecho y democrático».
«Como Estado democrático social y de derecho, los poderes públicos son los garantes de cumplir y hacer cumplir las normas y los derechos que nos damos como sociedad, más aquellos que reconocemos como derechos humanos y fundamentales que tenemos por la misma condición de ciudadanos», explica Yoné Caraballo, que considera que «renunciar a garantizar los derechos del menor es renunciar a nuestros valores sociales, un fracaso como Estado y país con instituciones de autogobierno y una auténtica barbarie».
Por otro lado, Caraballo recuerda que hace apenas un mes y medio el Cabildo Insular de Lanzarote, presidido por Coalición Canaria (CC), declaraba la emergencia social, mecanismo que se suponía iba a servir para atender de forma «prioritaria a los menores, así como la disposición de todos aquellos recursos que sean necesarios ante la presión migratoria sin precedentes que vive la isla y la situación desbordante de los centros de acogida, agilizando la toma de decisiones inmediatas para poder acoger a los niños y niñas migrantes en las condiciones más dignas posibles».
«Si la intencionalidad de esta declaración era precisamente garantizar el derecho de los menores facilitando una vía para acceder a recursos que pudieran ser susceptibles de albergarlos de forma digna, no entendemos cómo a las primeras de cambio se acepta que el mejor trato que se les puede dar está en la instalación de carpas en los muelles», señala el canarista, que recuerda que «la fiscal de Extranjería se ha pronunciado en contra del uso de estos recursos y su predisposición a exigir responsabilidades».
Con todo, desde NC-bc mantienen su firme apoyo al Gobierno de Canarias y al Cabildo Insular en la búsqueda de soluciones para hacer frente al drama migratorio, considerando que se debe exigir al Partido Popular (PP) de Núñez Feijóo que desbloquee la reforma de la ley extranjería en el Congreso para garantizar el reparto de los menores por las diferentes Comunidades Autónomas, como ya se hace en la actualidad con los adultos.
«Mientras el PP se piensa si ayudar o no a Canarias, nuestro deber como pueblo que posee instituciones de autogobierno democráticas y sociales es garantizar la integridad de los menores y sus derechos fundamentales», sentencia Yoné Caraballo.
