NC plantea el inicio de las negociaciones para el traspaso de las competencias con Darias

Luis Campos insta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al cuatripartito a fijar el proceso y calendario para el desarrollo del autogobierno

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Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC). Cedida. NOTICIAS 8 ISLAS
Luis Campos, portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC)./ Cedida

Santa Cruz de Tenerife.- El Coordinador Territorial y portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, planteó hoy, en cumplimiento del acuerdo bilateral de investidura de Pedro Sánchez y de los compromisos del pacto de progreso en Canarias, el inicio de las negociaciones para el traspaso de las competencias del Estatuto de Autonomía. Los nacionalistas progresistas instaron a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, a fijar con el Gobierno de progreso el proceso y calendario de trabajo para el desarrollo del autogobierno.

Luis Campos recordó que, a finales del pasado mes de diciembre, el Consejo del Gobierno canario con Carolina Darias aún como consejera de Economía acordó iniciar el proceso para asumir la competencia en materia de hacienda pública y tutela financiera de las islas y municipios, prevista en el Estatuto.

Una decisión que vino precedida, según Luis Campos, por el informe que un mes antes vio el citado Consejo sobre las competencias pendientes de traspasar desde el Estado para desarrollar el autogobierno de Canarias.

El dirigente de los nacionalistas progresistas afirmó que el trabajo que espera a ambas administraciones es “muy importante”, por lo que apeló a la “oportunidad” de que Carolina Darias esté al frente del ministerio responsable en esta materia. La ventaja, valoró este dirigente, que a la exconsejera de Economía del Ejecutivo del cuatripartito “no hay que explicarle las singularidades de nuestra tierra”. Una característica que, a priori, según Luis Campos, puede “facilitar” las negociaciones.

Para Nueva Canarias, hecho el esfuerzo de disponer de un nuevo Estatuto, que entró en vigor en noviembre de 2018 y que es equiparable, en capacidad de autogobierno, al de territorios como Euskadi y Cataluña; “ahora debemos comenzar a trabajar ya” para fijar un calendario para los traspasos. “No podemos volver a perder el tren”, expresó este portavoz.

Hasta decidir la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para iniciar el proceso de negociación entre ambos gobiernos y llegar a un acuerdo final, Nueva Canarias cree necesario que se fijen unas prioridades en base a los intereses generales de las islas y las capacidades administrativas locales para ejercer las nuevas responsabilidades con eficiencia y eficacia.

Campos refirió más de una quincena de competencias que el Estado debe transferir. Además de la tutela financiera de los entes locales anteriormente señalada, aludió, como algunas de las más relevantes, a la ordenación y gestión del litoral, protección civil y salvamento marítimo, la defensa de la competencia y el comercio exterior.

Similar importancia concedió a la referida a los paradores de turismo, los permisos de trabajo de extranjeros no comunitarios, las infraestructuras y el transporte marítimo y aéreo, la gestión de los fondos europeos y la participación en las delegaciones estatales ante la Unión Europea cuando se vea afectada su condición de Región Ultraperiférica (RUP) así como las telecomunicaciones y la seguridad privada.

Hay otras áreas que, para Nueva Canarias, siendo importantes no son urgentes, como las competencias de los centros penitenciarios por la dificultad que plantea.

Campos apeló además a analizar otras materias que inciden en los espacios marítimos como la pesca y las actividades marítimas y de ordenación del sector pesquero y los deportes naúticos y submarinos. Además de la administración de justicia en Canarias desplegadas entre los artículos 77 al 93 del Estatuto.

Con independencia de todas estas decisiones pendientes de las negociaciones bilaterales entre la Administración canaria y estatal, Luis Campos hizo hincapié en la capacidad del Gobierno de Canarias de desarrollar la agenda legislativa en cumplimiento del Estatuto, como la norma que regulará la renta de ciudadanía y el sistema electoral, entre las principales.