Las Palmas de Gran Canaria.- Nueva Canarias (NC) hizo hoy un llamamiento a la «unidad y la responsabilidad» de toda Canarias, desde el sector público a los sectores productivos y las familias; para superar las consecuencias de la guerra en Ucrania con el menor coste posible. El presidente de NC y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, anunció la evaluación de algunas medidas puntuales, selectivas para ayudar actividades económicas afectadas por la descontrolada inflación, como la ganadería, y las familias vulnerables. Se ratificó en la necesidad de que el Parlamento de Canarias eleve una proposición de ley a las Cortes Generales para la acogida territorial de los menores migrantes no acompañados en todo el Estado y en que NC presionará, «hasta el último minuto», al Ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver el compromiso encauzado para el cumplimiento de la sentencia del Supremo sobre carreteras así como para la devolución de las facturas impagadas por la quiebra de Thomas Cook y para ampliar la materialización de la Reserva de Inversiones (RIC) de 2017 a 2022.
Román Rodríguez, junto con los dirigentes Carmen Hernández, Pedro Quevedo y Esther González; mantuvieron hoy una reunión con el comité ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas para pulsar los planteamientos de la patronal y reforzar las propuestas de Nueva Canarias en defensa de los intereses generales de Canarias de cara al V Congreso de los próximos 8 y 9 de abril, en Las Palmas de Gran Canaria.
Sin haber resuelto aún la crisis de salud pública mundial del coronavirus, con la importante preocupación sobrevenida por las consecuencias del conflicto bélico provocado por Vladimir Putin y transcurridas 24 horas de la celebración de la Conferencia de Presidentes de La Palma a la que asistió Román Rodríguez; el presidente de los nacionalistas progresistas dijo que Canarias está obligada a actuar con «responsabilidad y unidad de acción», como lo ha hecho durante la pandemia y la erupción volcánica de la isla bonita.
Toca a todos, desde las administraciones públicas a los sectores representativos de toda índole y a las familias del Archipiélago, «huir del oportunismo, mantener la unidad y la esperanza de que vamos a salir también de ésta», aseguró el líder de NC.
A la espera del importante Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo y la concreción del Plan estatal para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania con mecanismos de intervención proporcionales a la envergadura del proceso inflacionista global desconocido en los últimos 30 años en Europa, Rodríguez dijo que, por el momento, Canarias no tendrá problemas de abastecimiento aunque sí, un aumento de los precios de los bienes y servicios. No obstante, indicó que, el pasado mes de febrero y en términos interanuales, Canarias tiene una inflación (6,8%) un punto menor que el Estado (7,9%).
Con la premisa de que los estados y las comunidades autónomas en solitario tienen un margen limitado para frenar esta crisis inflacionista y frente a la rebaja del IVA de la luz anunciada por Sánchez, el presidente de NC hizo hincapié en que el 96% de los usuarios canarios tienen IGIC cero al consumo eléctrico, un tipo del 3% para las actividades productivas, el impuesto del combustible un 50% por debajo del Estado y a los profesionales, agricultores y transportistas, entre otros; se les devuelve el 68% del citado tributo.
Refirió que Canarias tiene un menor nivel impositivo que el resto del Estado, que la bajada de los impuestos no repercute en los precios de los productos y que las administraciones públicas van a tener que reajustar sus presupuestos por el encarecimiento de los precios. La inflación «nos empobrece a todos», advirtió. Estimó que el Gobierno de Canarias necesitará, del orden, de 400 millones de euros más de mantenerse esta tendencia inflacionista.
En su condición de consejero canario de Hacienda, dijo que el Ejecutivo ejecutó, en 2021, 10.446 millones de euros, el 25% del Producto Interior Bruto (PIB), de los que la mitad son compras de bienes y servicios. «Somos el primer consumidor» de las islas de energía, combustible, productos sanitarios, para las escuelas, los servicios sociales y las infraestructuras, detalló Román Rodríguez.
En el ámbito de las responsabilidades locales, se mostró partidario de actuar «quirúrgicamente» en algunos sectores económicos muy dañados y con las familias más vulnerables. Intervenir y ayudar puntualmente, de forma selectiva, tal y como añadió, al sector ganadero con el problema de los insumos mediante el uso total del Programa de Opciones Especificas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional, hacer un balance del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para «ver cuánto podemos rascar» y solicitar, a las grandes superficies, que cumplan con la ley de cadena alimentaria, es decir, que no vendan por debajo del coste de producción.
Unas medidas y otras, que Román Rodríguez comparó con el pacto de las rentas del Estado aplicado a Canarias y que serán evaluadas para su aplicación puntual a otros sectores como el harinero, según avanzó.
Una bajada generalizada de impuestos, avisó Rodríguez, implica una disminución de los recursos públicos y, en consecuencia, menos financiación para los servicios públicos esenciales, para las familias y personas más necesitadas y los sectores productivos más perjudicados.
Migraciones
El presidente de NC se refirió a otras líneas de trabajo defendidas y promovidas por los canaristas progresistas en el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Canarias y desde el Ejecutivo de progreso. En ellas, se ratificó en la propuesta planteada al resto de los grupos del Legislativo canario para elevar una proposición de ley a las Cortes Generales para resolver la crisis de los menores migrantes no acompañados, que afronta en solitario el Archipiélago.
Rodríguez se mostró categórico al anunciar que «no vamos a aceptar la buena voluntad como respuesta a la gestión compartida». Reconoció el valor de las «buenas palabras» expresadas, en la Conferencia de Presidentes de La Palma, por Sánchez y algunos homólogos territoriales. Pero esta situación, subrayó, «hay que resolverla» mediante una norma que establezca que, cuando estos jóvenes llegan al Estado, tienen que ser distribuidos en función de la capacidad de cada comunidad.
Mantuvo que Canarias aceptará el número de refugiados de Ucrania que le corresponda y, en relación a los menores migrantes, exige «reciprocidad, justicia».
Nueva Canarias, continuó, «seguirá presionando, hasta el último minuto», para que la Administración estatal permita ampliar la materialización de la RIC de 2017 a 2022. Es «justo, razonable y argumentable» por la crisis de salud pública, la erupción de La Palma y ahora la invasión de Ucrania.
En el mismo sentido se pronunció en relación a la modificación de la ley estatal del IGIC para la devolución de las facturas impagadas por la quiebra del turoperador turístico Thomas Cook y para que el conflicto de las carreteras «encauzado, cierre los flecos» pendientes referidos a garantizar los 200 millones de euros para la anualidad de 2023 e incorporar, en una adenda al convenio en vigor, el dinero concertado pero no ejecutado para los ejercicios económicos de 2026 y 2027.