Las Palmas de Gran Canaria.- Nueva Canarias (NC) estará en las próximas elecciones de 2023 y será con el «apellido» de Bloque Canarista (BC) «solo» si las diversas acciones en curso para restituir su marca, ante el Registro de Partidos Políticos (RPP) del Ministerio de Interior para reinscribir a la organización y ante la Audiencia Nacional para anular la sentencia que declaró su extinción, están inconclusas o sin solución cuando se convoquen oficialmente los comicios del próximo mes de mayo. Nueva Canarias asumirá todas las consecuencias que le correspondan por haber presentado las cuentas fuera de plazo.
Estas decisiones fueron explicadas hoy, en rueda de prensa, por el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez; el director del Gabinete Jurídico de NC, Pablo Rodríguez, y el jurista asesor en el procedimiento judicial, Jorge Pazos.
Desde finales del pasado mes de julio que se tuvo conocimiento de la existencia de una sentencia del juzgado central De lo Contencioso Administrativo, número 5, de la Audiencia Nacional, dictada un año antes y que declaró su extinción y baja del Registro de Partidos del Ministerio del Interior; Nueva Canarias ha tomado diversas medidas, como informó Carmelo Ramírez.
La primera fue la inscripción de NC-Bloque Canarista, a finales del pasado mes de agosto. Un partido que, tal y como dijo, se declara «heredera» de NC a todos los efectos. Desde su ideario hasta su dirección, organización, obligaciones, derechos y el resto de responsabilidades existentes.
La segunda decisión se hizo efectiva ayer viernes al solicitar, en el RPP del Ministerio del Interior, la reinscripción de NC en base a una serie de consideraciones. Nueva Canarias, como mantuvo Ramírez, «sí presentó en plazo» la adaptación de los estatutos tras el IV Congreso de 2017. El tiempo expiraba en abril de 2018 y fue presentada en enero de 2018, afirmó. Sin embargo, por una equivocación interna, reconoció el secretario de Organización, no se hizo la subsanación reclamada por el RPP en el tiempo previsto. Ayer se solventó la situación al presentar la solicitud de reinscripción.
En relación a la sentencia, para NC, se basa en un principio «erróneo», como es que carecía de actividad en los últimos cinco años. Para mantener esta aseveración, NC mostró físicamente los 17.000 folios, que ayer también se llevaron al RPP en una unidad de almacenamiento digital, que demuestran, de forma resumida, la actividad continuada e intensa en dicho quinquenio.
Documentación sobre los dos congresos celebrados (2017 y 2022), las actas, la participación en las cinco convocatorias electorales (locales, insulares, canarias, estatales y europeas), los 150 cargos públicos en los ayuntamientos y cabildos y las 12 alcaldías. También la responsabilidad, desde julio de 2019, de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, un grupo propio en el Parlamento de Canarias y con un representante en el Congreso de los Diputados hasta finales del pasado mes de junio.
Incluye los pactos de distinta índole suscritos con el PSOE, el PP y CC así como la labor de comunicación desarrollada en los ámbitos de representación institucional y orgánica. Además de las cuentas de la organización, remitidas al TCu, de 2018, 2019, 2020 2021 aunque fuera de plazo. Junto con las electorales de 2019, cuando correspondieron, y diversa correspondencia ordinaria mantenida también con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, entre otros.
Este resumen de 17.000 folios, tal y como aseguró, enseñan que «no estamos precisamente inactivos». De ahí que «consideramos que es una desproporción» que se cancelara la inscripción de NC por un problema «burocrático», observó. «No por la comisión de un delito penal, por prevaricar, por cohecho ni falsedad documental ni por enriquecimiento ilícito sino por un problema administrativo», subrayó.
Desde que, hace unos 10 días, NC tuviera acceso al expediente judicial de la sentencia ha observado unos «defectos formales muy graves que nos han impedido ejercer el derecho fundamental de la tutela efectiva», de ejercer la defensa, lo que puede ser causa para «invalidar cualquier procedimiento judicial», denunció el secretario de Organización.
En el citado expediente, «no aparece» notificación alguna a NC, dijo. Solo unas notas de Correos que dice «desconocido». Se recoge, por otro lado, una notificación al presidente, Román Rodríguez, en un domicilio en el que «nunca vivió», explicó. Una notificación defectuosa cuando se trata de derechos fundamentales en base al artículo 6 de la Constitución, para Nueva Canarias.
Carmelo Ramírez remarcó que se trata de un «defecto formal que creemos que vicia el procedimiento absolutamente». El dirigente de NC confirmó que, antes de finales de mes, se presentará un incidente de nulidad y, si fuera necesario, un recurso de amparo. Pablo Rodríguez y Jorge Pazos consideraron que, dada la naturaleza del asunto, la petición de anulación de la sentencia se puede resolver rápidamente.
Con respecto a la multa de 50.000 euros del TCu, Ramírez reconoció que es fruto de un «error» de la organización, la presentación de las cuentas de 2018 y 2019 fuera de plazo, que se asumirá. No obstante, se analizará si cabe un recurso.
El secretario de Organización hizo hincapié en que Nueva Canarias estará en las próximas elecciones «con nuestra marca más relevante» y si no como NC-Bloque Canarista, enfatizó.
