Santa Cruz de Tenerife.- La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández contribuyó hoy, en comisión, a apoyar por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley (PL) de Economía Social de Canarias tras lograr incluir destacadas enmiendas de mejora al texto gubernamental. La parlamentaria del grupo canarista progresista destacó las relacionadas con la armonización de la rentabilidad económica con la solidaridad, la igualdad de género y la cohesión territorial al fijar la sede social en el Archipiélago. Hernández dijo que es una norma «muy esperada» por el sector de la economía social, en el que existe un amplio consenso para reservar un volumen definido de contratos públicos para estas actividades. Observó la «encomiable» labor desempeñada por las entidades de economía social, que las administraciones públicas no están en condiciones de hacer.
A la espera de que el texto sea aprobado definitivamente en un próximo pleno, la parlamentaria de NC hizo hincapié en que se da cumplimiento al artículo 118.3 del Estatuto, que sitúa la competencia exclusiva de la comunidad sobre el fomento y la ordenación del sector. También dijo que el dictamen recoge las adaptaciones de la normativa estatal y europea vigente.
Los nacionalistas progresistas, según Hernández, contribuyeron a mejorar el contenido del PL con un conjunto de destacadas enmiendas, también trabajadas en base a las aportaciones de las entidades implicadas.
Destacó el mandato europeo en materia de economía social y sostenibilidad, es decir, en la necesidad de conjugar la rentabilidad económica y la solidaridad, el empleo de calidad y el refuerzo de la cohesión territorial. Un último aspecto que llevó a Nueva Canarias a defender y subrayar la obligación de que la sede social de estas entidades se fije en el Archipiélago.
También puso el acento en un principio que atraviesa todo el texto, la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres así como en la inclusión de un catálogo y un mapa canario de economía social que permite fotografiar su distribución en el territorio.
En el mismo nivel de relevancia situó la creación del distintivo de economía social con la que la administración pública reconoce el importante papel desarrollado por las cooperativas, mutualidades, fundaciones, cofradías de pescadores y, en especial, las empresas de inserción así como los centros especiales de empleo.
Carmen Hernández aseguró que el texto, con las incorporaciones de los grupos parlamentarios, es una norma «muy esperada» `por el sector. En ese ámbito, se hizo eco del amplio consenso existente para reservar un volumen definido de contratos públicos a estas entidades. «Desarrollan una labor encomiable, que las administraciones públicas no estamos en condiciones de hacer», según la parlamentaria de Nueva Canarias.
