Román Rodríguez mantiene que cualquier modificación exige mayorías políticas en las Cortes Generales y compatibilidad con la Constitución
Las Palmas de Gran Canaria.- El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, defendió hoy que la financiación autonómica para el Archipiélago tiene que respetar la actual exclusión de los ingresos tributarios del Régimen Económico y Fiscal (REF), vigente desde 2017 y anclado en el Estatuto de 2018, así como la solidaridad interterritorial. El canarismo progresista mantiene que la distribución de esos fondos sea per cápita, en el que la insularidad tenga un mayor peso, además de que se incluya y pondere adecuadamente, el criterio de la pobreza. Rodríguez observó que cualquier modificación del sistema exige mayorías políticas en las Cortes Generales, además de ser compatible con la Constitución.
Con respecto a los contenidos parciales e insuficientes publicados en los medios de comunicación relativos al preacuerdo entre ERC y PSC sobre la financiación singular para Catalunya, Román Rodríguez afirmó que Canarias tiene que defender un sistema de financiación «solidario», lo que obliga a «respetar» el REF fiscal, es decir, que los ingresos tributarios del fuero canario queden al margen de la caja común de los recursos.
Un sistema que, como refirió el presidente del canarismo progresista, está en vigor desde 2017, gracias a los acuerdos de Nueva Canarias con el Gobierno del Estado para aprobar las leyes presupuestarias estatales; después anclado en el Estatuto de 2018 en vigor, en el artículo 166.
El segundo elemento básico de cualquier nuevo modelo, para NC-BC es que la distribución de los recursos garantice la prestación de servicios públicos esenciales, «no importa el territorio», precisó Rodríguez. Para Canarias, tal y como subrayó, tiene que ser un reparto per cápita en el que el criterio de la insularidad tenga un mayor peso y se incluya, con una ponderación adecuada, la variable de la pobreza.
En Nueva Canarias-BC, «no nos oponemos» a acuerdos bilaterales si «no comprometen» los intereses de la ciudadanía canaria. Observó además que cualquier pacto tiene que tener una viabilidad política en las Cortes Generales y jurídica compatible con la Constitución.
