Madrid.- El diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo ha dicho hoy, en el pleno del Congreso, que se mostrará firme en la defensa de la autorización de los 516,1 millones de euros de la sentencia firme del Supremo de carreteras favorable a Canarias para hacer frente en 2021 al grave daño provocado por la crisis. El portavoz de los nacionalistas progresistas lamentó la discrepancia con el Ministerio de Hacienda y anunció que pedirá la votación separada para cada una de las seis propuestas contenidas en su moción para que el Estado responda a la quiebra social y económica provocada por la pandemia.
Durante la defensa de la moción, que se votará en la sesión de mañana jueves, Pedro Quevedo dijo que la citada iniciativa surge como consecuencia de una interpelación urgente, sustanciada la semana pasada, en la que explicó que las “singularidades canarias no son un capricho por la enorme dependencia” de Canarias del turismo, el sector productivo más dañado.
Una realidad que, como volvió a advertir, puede “conducirnos” a una situación “potencialmente catastrófica, de quiebra social”. También defendió, según recordó, “lo que creíamos” que se tenía que hacer, desde la Administración del Estado, “de forma objetiva”.
Hizo hincapié en que “no hemos venido a plantear dádivas, tampoco beneficios adicionales sobre los demás” sino “respuestas” para hechos “objetivos”. Aseguró que el paro en las islas aumentó, el segundo trimestre de este año, un 15% frente al 8% de la media estatal y que el Producto Interior Bruto, en el mismo período, retrocedió 36,27 puntos frente al 22,1 del conjunto español, 14 puntos más en Canarias.
Pedro Quevedo aseguró haber intentado consensuar, “hasta el último segundo”, una propuesta alternativa a su moción, una transaccional, que no pudo salir por una “discrepancia” con el Ministerio de Hacienda. Se refería al uso de los 516,1 millones de euros de la sentencia del Supremo por el incumplimiento del convenio de carreteras, que Canarias reclama que se inviertan, en 2021, en servicios públicos y para ayudar a la economía (trabajadores y empresas) y a las familias más vulnerables.
“Canarias no puede hacer un presupuesto” el próximo año, avisó, “si no podemos contar” con esos 516 millones de euros para hacer frente a las necesidades sociales y económicas. Esa es la discrepancia con el Ministerio de Hacienda pero “no podemos decaer en su defensa”, apercibió.
“Lamentamos”, reiteró, “no haber estado en una transaccional” para añadir que NC “va a intentar cooperar” para que haya unos nuevos presupuestos estatales para 2021. Son de “interés general pero necesitamos que todos los elementos en cuestión estén reconocidos por todas las partes”, señaló el congresista nacionalista.
Ante esta situación, Quevedo pidió que mañana jueves los grupos de la Cámara Baja voten por separado cada una de las seis medidas y propuestas que contiene la moción. Una iniciativa “rigurosa y seria”, prosiguió, que pretende que los presupuestos canarios para el próximo año tengan unas cuantías aproximadas a las de 2020 y que la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Sociales de Román Rodríguez ha comenzado a elaborar con una merma de ingresos de 1.000 millones de euros.
Pero como serán insuficientes para responder a la dimensión de la crisis en 2021, añadió, se tienen que arbitrar recursos “adicionales”. Por un lado, “nuestros ahorros”, los 516 millones de euros de carreteras. También que se actualicen las entregas a cuenta de la financiación autonómica, como se hizo este año. En su defecto que se compense una reducción de estos ingresos con transferencias no reembolsables o la autorización del endeudamiento. Volvió a valorar la buena salud financiera de Canarias, con el menor endeudamiento per cápita de todos los territorios y el segundo más bajo en relación al PIB, después de Euskadi.
El cumplimiento de las leyes del Estatuto y del Régimen Económico y Fiscal (REF) son otras propuestas defendidas por NC así como la distribución de los fondos para la recuperación de la Unión Europea (UE), en concreto los 72.000 millones de euros no reembolsables, con el mismo criterio empleado por Bruselas para asignar a España 140.000 millones de euros en total. Se trata de su reparto en función del impacto de la pandemia en las comunidades autónomas.
