Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento en materia social, Carmen Hernández, dijo que la Renta de Ciudadanía (RC) de Canarias es un hito histórico en la consolidación de los derechos de las personas que viven en las islas. La parlamentaria del grupo canarista progresista cree que es una de las leyes más importantes de la X Legislatura al garantizar una prestación económica a las personas y familias más vulnerables, en situación de pobreza o exclusión social para cubrir las necesidades básicas necesarias para tener una vida digna.
A punto de comenzar la tramitación del Proyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias del cuatripartito en el Parlamento, Carmen Hernández expuso hoy el valor de esta iniciativa. Una prestación a la que NC otorga un protagonismo fundamental en la promoción de la cohesión social y una de sus principales líneas de trabajo. Desde la oposición en dos legislaturas (la octava y la novena) llegando a presentar una proposición de ley e incluir una enmienda en la Ley canaria de Servicios Sociales en vigor. En la actualidad, y por primera vez en sus 17 años de existencia, desde sus responsabilidades gubernamentales compartidas en el pacto de progreso.
La portavoz de NC dijo que la RC marca un «hito histórico» en la consolidación de los derechos de la ciudadanía, que contribuye a consolidar el estado del bienestar y a fomentar una sociedad más justa.
Reconocido en el Estatuto, en su artículo 24, para Nueva Canarias es «trascendental» para que «nadie se quede atrás» porque cubrirá gastos necesarios como la luz, el agua, la vivienda y el acceso a Internet, entre los principales.
Por esta razón, según Carmen Hernández, se justifica el acceso a una prestación económica para las personas y familias con ingresos insuficientes, a la que se tendrá derecho mientras dure su situación. Así como a la inclusión social e inserción laboral al facilitar los mecanismos de inserción en la comunidad y en el mundo laboral, cuando esto sea posible.
Pensada para sustituir a la desfasada Prestación Canaria de Inserción (PCI) ante los cambios sociales producidos por la crisis financiera de 2008 y la de salud pública del coronavirus de 2020 y también como un complemento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), Hernández destacó que se configura en tres modalidades distintas en función de la existencia de ingresos en la unidad de convivencia.
Se trata de la renta para la inclusión y protección social, entre otros, de las decenas de miles de personas con una pensión no contributiva, percibida especialmente por mujeres y adultos con algún tipo de discapacidad. Una segunda dirigida a complementar los ingresos del trabajo ante la precarización del mercado laboral y la última orientada a la inclusión social de los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años.
La parlamentaria nacionalista hizo hincapié en la importancia de esta tercera modalidad para ayudar a quienes, habiendo sido tutelados por la comunidad, al cumplir la mayoría de edad se quedan desamparados sin empleo ni un techo para vivir.
Desde su experiencia en la redacción de este proyecto de ley, aludió a la aportación realizada por NC para acceder a uno de los dos complementos a la prestación básica de la RC. Se trata del destinado a los gastos de la vivienda habitual, como los referidos al alquiler. El segundo complemento es el de la educación para familias con menores.
En base a la experiencia y el apoyo de la administración pública vasca, primer territorio del Estado en implantar una renta de estas características en 1989, Carmen Hernández hizo hincapié en que la RC introduce un «elemento para que no sea un desincentivo» para el acceso a un empleo.
Una de las dos grandes conclusiones extraídas por los estudios de expertos investigadores sobre la prestación más antigua del mundo de Alaska y la vasca anteriormente citada, según la parlamentaria canarista. La segunda, la reducción de los niveles de pobreza. Las estimaciones de Nueva Canarias son que la Renta de Ciudadanía de Canarias puede ayudar a dignificar la vida de unas 50.000 o 60.000 personas en el Archipiélago, cuando termine su implantación escalonada.
