NC defiende una ley contra la trata y la prostitución

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Carmen Hernández, parlamentaria de Nueva Canarias./ Cedida.
Carmen Hernández, parlamentaria de Nueva Canarias./ Cedida.

Santa Cruz de Tenerife.- La parlamentaria de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández fue hoy la responsable de dar voz al compromiso de los nacionalistas progresistas con una regulación contra la trata y la prostitución, elaborada como un proyecto de ley desde el Gobierno estatal para su aprobación por las Cortes Generales. «Abolir la prostitución es un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres y hagan de la prostitución una práctica del pasado», defendió la diputada de NC.

El grupo parlamentario de Nueva Canarias contribuyó con sus votos a aprobar, por unanimidad, una proposición no de ley del pacto de progreso con el que se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a elaborar un proyecto de ley para su aprobación en el Congreso de los Diputados y para impulsar medidas de sensibilización y formación sobre la vulneración de los derechos humanos así como para fomentar acciones destinadas a combatir las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, potenciando políticas públicas dirigidas a dar alternativas reales e integrales para su reinserción laboral y social.

Carmen Hernández afirmó que NC está «absolutamente comprometida con la abolición» de estas prácticas. Un proceso que, como detalló, debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres, que hagan de la prostitución una práctica del pasado.  

Denunció que, cada año, entre 600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata, de las que el 80% son mujeres. Si se refiere a trata con fines de explotación sexual, son un 98% mujeres y niñas, tal y como especificó.

La prostitución y la trata, añadió, son parte de una estructura de dominación y violencia que tiene su origen en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. La feminización de la pobreza, el racismo, las guerras, la migración forzada y el aumento de la demanda de mujeres y niñas para ser prostituidas es la marca de todas aquellas que son objeto de trata, la «mayoría engañadas fácilmente con promesas» de un trabajo y una vida digna en un país rico, denunció.

La portavoz nacionalista censuró que España lidere «vergonzosamente» la clasificación de países, caracterizados por la trata de mujeres con edades comprendidas entre 18 y 25 años provenientes principalmente de Nigeria, Rumanía, China, Brasil, Bolivia y, en los últimos años, de Venezuela.

Es una «obligación, legal y moral, luchar» contra la prostitución, añadió. Funciona como un negocio y crea un mercado, en el que distintos actores están interconectados, los proxenetas realizan cálculos y actúan para aumentar sus mercados y los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental puesto que mantienen la demanda de este mercado; reprochó la parlamentaria nacionalista.

Una sociedad democrática e igualitaria no puede permitirse que se comercie con el cuerpo de una niña o mujer en un mercado al servicio de los hombres, condenó Carmen Hernández.

Expresó el agradecimiento de NC a todas las mujeres valientes, activistas y, en especial a Palmira Déniz quien, desde el sector de la abogacía, participa activamente en el cambio de la ley integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual

Hizo suyas las palabras de la superviviente de la trata, Amelia Tiganus, en su libro La revuelta de las putas, cuando escribe que: «Comprendí que mi historia personal era una cuestión profundamente política, era la historia de las mujeres que el patriarcado pone a disposición de los hombres como mujeres públicas…Someterse para sobrevivir, no es consentir».

 

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NC defiende una ley contra la trata y la prostitución
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Los diputados contribuyen a la unidad del Parlamento, que solicita al Gobierno estatal una norma con este fin para su aprobación en las Cortes Generales.
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