NC apuesta por la vivienda protegida en régimen de alquiler social

Carmen Hernández propone que el pacto del cuatripartito impulse la rehabilitación, el cooperativismo y suprima la adjudicación por sorteo

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Las diputadas de Nueva Canaria (NC) Carmen Hernández y Esther González
Las diputadas de Nueva Canaria (NC) Carmen Hernández y Esther González./ Cedida.

Santa Cruz de Tenerife.- Nueva Canarias (NC) entiende que la vivienda protegida en régimen de alquiler social debe ser la  la principal apuesta del cuatripartito para favorecer la cohesión y, en colaboración con las administraciones públicas, organizaciones privadas y la comunidad; comenzar a recuperar un derecho quebrado en las islas por la ausencia total de políticas públicas en la materia desde 2012. La presidenta del grupo parlamentario de NC, Carmen Hernández, recoge esta filosofía en las propuestas realizadas al Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna del Gobierno canario. Los nacionalistas progresistas abogan por los incentivos fiscales a la vivienda protegida, impulsar la rehabilitación que además  incentivará la empleabilidad y la economía, fomentar el cooperativismo y suprimir el procedimiento del sorteo para proceder a las adjudicaciones de nuevas construcciones.

Tras remitir hoy a la Consejería de Sebastián Franquis las aportaciones de NC, Carmen Hernández manifestó que la “recuperación” de las políticas públicas en esta materia después de ocho años de olvido, junto con la implantación de la renta de ciudadanía; deben ser dos de los principales pilares del Ejecutivo de progreso.

Ante la existencia de unos 30.000 demandantes de vivienda protegida, según las estimaciones barajadas por los ayuntamientos, y los niveles de pobreza existentes en el Archipiélago; Carmen Hernández no dudó en compartir la necesidad del pacto gubernamental para que, con el compromiso de todas las administraciones públicas y la implicación de organismos privados; los “canarios tengamos acceso” a una vivienda.

En opinión de Hernández, “no podemos esperar” porque “necesitamos, también con las políticas públicas en vivienda, favorecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.

La Constitución, añadió, recoge el derecho al acceso a una vivienda. Por ello, las aportaciones de NC al pacto van enfocadas a promover la vivienda protegida con una “apuesta decidida” por el régimen del alquiler social. La política debe ir encaminada en este sentido, como dese hace décadas se hace en la Unión Europea y contempla el plan estatal, puntualizó.

Para atraer a la iniciativa privada a este tipo de promociones, estos alquileres sociales se pueden complementar, tal y como explicó, a través de los fondos del plan estatal de vivienda que gestiona la comunidad canaria.

La rehabilitación es otro eje a desarrollar en opinión de este grupo parlamentario. Apostar por la reposición, tal y como destacó Hernández, es “apostar por el empleo y dinamizar la economía” desde el sector de la construcción, principalmente. Para ello, NC plantea que se estudien ventajas fiscales, como la supresión o reducción del IGIC aplicable a las obras de restauración de la vivienda protegida.

Con el fin de mejorar los procedimientos de las adjudicaciones y la revisión de los requisitos de acceso, Hernández propuso suprimir el cuestionado método del sorteo para optar por la baremación para las nuevas construcciones. En relación a la fórmula de las viviendas colaborativas (cohousing) “a estudiar” como recoge el pacto, los nacionalistas progresistas priorizan el fomento del cooperativismo u otros sistemas jurídicos de autogestión.

Para enriquecer el documento gubernamental, la presidenta del grupo parlamentario expuso la conveniencia de crear un observatorio que sustituya al censo de viviendas vacías al entender que servirá para tener un “conocimiento más profundo” de la situación de la vivienda en las islas ya que dispondrá de estadísticas, estudios e informes sobre el sector.

 

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