SUMARIO:
- El Gobierno desmiente que vaya a aplicarse una moratoria turística a los alquileres de vivienda.
- Canarias contará con un Plan de Recuperación Forestal para mejorar las zonas afectadas por los incendios.
- Canarias emitirá deuda pública para los que materialicen la RIC.
- Canarias solicita al Estado que mejore las determinaciones de edad de las personas migrantes que llegan a las Islas.
- Obras Públicas, Vivienda y Movilidad inicia los trámites para crear un censo de los núcleos afectados por la Ley de Costas.
El Gobierno desmiente que vaya a aplicarse una moratoria turística a los alquileres de vivienda
La Consejería de Turismo y Empleo desmiente y aclara que el Gobierno de Canarias no contempla frenar los alquileres turísticos con una moratoria a la hora de aplicar la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. “No va a existir ninguna moratoria, lo que hemos dicho en todo momento es que el planeamiento determinará zonas de crecimiento cero en municipios o núcleos turistificados, mientras que en otros habrá indicadores para establecer el porcentaje de crecimiento de estos establecimientos”, apuntó el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez.
Tales afirmaciones no se corresponden con la intención del Ejecutivo autonómico, que tampoco “va a prohibir la vivienda vacacional, se va a elevar el nivel de exigencia”, señaló el director general. Por el momento y hasta la aplicación de la Ley, que deberá ser aprobada en el Parlamento, Miguel Ángel Rodríguez ha lanzado un mensaje a los propietarios de viviendas vacacionales legalizadas en las islas, trasladándoles que “pueden estar tranquilos”, ha manifestado en cada una de las sesiones informativas que se han llevado a cabo hasta la fecha “pues contarán con un periodo transitorio para adaptarse al nuevo texto normativo”.
Hay que recordar que el proceso de consulta pública estará abierto hasta el próximo 26 de noviembre y está disponible en el portal de transparencia de la página web del Gobierno de Canarias ‘Participación en la elaboración de normativa’ haciendo de este modo partícipe a la ciudadanía del proceso de elaboración de esta norma.
La futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas es un compromiso de la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, para esta legislatura, un instrumento con el que buscar el equilibrio entre el residente y el turista. La futura Ley tendrá carácter transversal e incluirá aspectos que van desde el urbanismo y la ordenación del territorio, el medio ambiente y, sobre todo, “la definición de un modelo de desarrollo sostenible para Canarias en el futuro inmediato”, concluyó.
Canarias contará con un Plan de Recuperación Forestal para mejorar las zonas afectadas por los incendios
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha manifestado este viernes que Canarias contará con un Plan de Recuperación Forestal que mejorará aquellas zonas que resultaron afectadas por los incendios forestales de este verano.
Domínguez compareció en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife junto al consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, para dar a conocer la batería de medidas que el Ejecutivo regional pondrá en marcha próximamente para combatir los perjuicios económicos y medioambientales ocasionados por las llamas.
El Plan de Recuperación Forestal es una iniciativa transversal que implica a varias áreas del Gobierno de Canarias como Transición Ecológica o Economía y Empleo y cuenta con diversas acciones entre las que sobresalen un programa de restauración ambiental post incendio, implementación y mejora de las unidades EIRIF, Ley Forestal para Canarias, Medidas de protección y gestión forestal frente a los cambios climáticos del Programa Operativo FEDER 2021-2027 de Canarias, Revisión y modificación del Decreto de Prevención y Extinción de incendios forestales de Canarias, Plan Extraordinario de Empleo y la Campaña Consume en Municipios Afectados por el Incendio de Tenerife.
Manuel Domínguez detalló que el Plan Extraordinario de Empleo que se desarrollará en Tenerife “estará dotado con 3 millones de euros para apoyar las necesarias labores de restauración. Incluye aspectos tales como trabajos de prevención en la extinción de incendios forestales, trabajos de campo sobre las áreas afectadas, limpieza de la vegetación quemada, construcción de sistemas para la retención de suelo que eviten escorrentías, recuperación de las masas afectadas y tareas específicas de sensibilización y concienciación”.
De manera paralela a esta iniciativa, la Consejería de Economía activará la campaña denominada Consume en los Municipios Afectados por el Incendio, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros y será gestionada por la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA). “Este proyecto –prosiguió el vicepresidente– se sustenta en la concesión de una subvención directa a este organismo para incentivar el consumo en los negocios de los doce municipios afectados por el incendio, ayudando a la reactivación económica y apoyando tanto a las empresas como a los clientes. Potenciaremos, a través de estos bonos consumo, la hostelería local, el comercio de proximidad y al empresariado de las zonas afectadas”, explicó Domínguez.
Canarias emitirá deuda pública para los que materialicen la RIC
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, aseguró este viernes que el Ejecutivo regional emitirá deuda pública para aquellas empresas que materialicen la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). La RIC es una ventaja fiscal de aplicación a sociedades y personas físicas que desarrollen su actividad en las islas y cuyo objetivo es el de impulsar las inversiones en el archipiélago con cargo a recursos propios.
Con esta medida, Domínguez confía en que se estimule la inversión empresarial productiva y que aumente la empleabilidad en Canarias. “Hemos cambiado la manera de pensar respecto a la legislatura anterior y entendemos que este hecho dará una mayor seguridad jurídica a los que han materializado la RIC. También pretendemos, con la emisión de esa deuda, dar una vía más directa a esa vinculación público-privada en materia de inversión”.
El también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos detalló que la emisión se realizará durante el año 2024.
Domínguez fue el encargado de inaugurar el Día de la Auditoría de Canarias, celebrado durante la jornada de este viernes en el Iberostar Heritage Grand Mencey de la capital tinerfeña bajo la organización de la Agrupación Decimocuarta Tenerife del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Durante su intervención, el vicepresidente agradeció “la estela de profesionalidad, rigor y respeto que despierta el trabajo de loa auditores de cuentas como generadores de confianza de la ciudadanía hacia el sector público. Apenas llevo un centenar de días enfrentándome al reto de construir una Canarias más competitiva, pero, por fin, vamos a ser capaces de mirar a los ojos a los problemas con la certeza de que vamos a saber resolverlos”.
De esta forma, recordó que durante los primeros meses de este mandato “hemos iniciado una batería de medidas destinadas a favorecer los incentivos fiscales con la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones o la reducción del impuesto a los combustibles en La Palma, La Gomera y el Hierro”.
“De igual forma –prosiguió Domínguez– nuestro Gobierno es pionero, desde agosto, en la creación de la figura del comisionado para la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, una tarea que recae en José Ramón Barrera y con la que estamos tratando de adaptar el fuero canario a los nuevos tiempos que vivimos”.
El vicepresidente, por último, resaltó el “relevante papel que juega la figura del auditor en el sector público porque ustedes, no lo olviden, resultan esenciales para el buen funcionamiento económico y financiero de un territorio como Canarias”, concluyó.
Canarias solicita al Estado que mejore las determinaciones de edad de las personas migrantes que llegan a las Islas
La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias exige al Estado que mejore las determinaciones de edad de las personas migrantes que están llegando a las Islas. “La primera recepción de los migrantes que llegan al Archipiélago la hace el Gobierno central, que es quien pone a disposición de Canarias aquellos que considera menores de edad, que son quienes están bajo competencia de la Comunidad Autónoma”, explica Sandra Rodríguez, titular del área, quien solicita “más medios y precisión a la hora de hacer las determinaciones de mayoría de edad para proteger a los menores”.
Algunas comunidades autónomas denunciaron en una reunión mantenida esta semana con el Ministerio de Inclusión que en las derivaciones de adultos migrantes de Canarias a la península había menores de edad evidentes, denuncia a la que se ha sumado también Amnistía Internacional.
Estos errores ya habían sido detectados previamente por el Gobierno canario, que se enfrenta a otro problema igualmente importante: personas migrantes mayores de edad que son declaradas como menores. Esta realidad ha hecho que la Dirección General, además de hacer un sobreesfuerzo para atender a más de 4.400 menores extranjeros no acompañados que están bajo su tutela, también haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía para incrementar el número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales que se realizan a los menores que están en centros de las islas. “Tras solo 5 días de la puesta en marcha de este protocolo la media de supuestos menores de edad que resultan ser mayores supera el 50%”, explica la directora general.
“Además de promover el aumento de recursos para realizar pruebas óseas y determinar con agilidad la edad de los migrantes que se declaran menores, pero sobre los que hay dudas, la Dirección General también ha creado dispositivos específicos de acogida para los menores más pequeños y otros para los más mayores o sobre los que no estamos seguros de su edad”, explica Rodríguez.
El nuevo protocolo se aprobó hace unos días en el marco de una reunión promovida por la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, y fue el resultado de una serie de encuentros previos de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias con la Fiscalía del Menor y la de Extranjería.
Este protocolo establece, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y contempla incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente.
“Este trabajo conjunto es fundamental porque se sospecha que un porcentaje significativo de personas migrantes llegadas al Archipiélago se declaran como menores inicialmente, pero posteriormente se comprueba que tienen más de 18 años”, explica Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias.
“Se trata de una situación delicada que desde la Dirección General intentamos evitar porque debemos guiarnos siempre por preservar el interés del menor y no permitir que convivan en el mismo dispositivo adultos y menores”, señala la responsable del área, quien agradece el trabajo de la fiscal y su ayuda para atender esta emergencia humanitaria. “La Dirección General se ha sentido muy respaldada por la Fiscalía, que ha puesto toda su voluntad para atender esta realidad lo antes posible”.
Obras Públicas, Vivienda y Movilidad inicia los trámites para crear un censo de los núcleos afectados por la Ley de Costas
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio marítimo canario, Antonio Acosta, han refrendado su compromiso de trabajo con los vecinos y vecinas de la Comisión Mixta de afectados por la Ley de Costas durante la primera reunión mantenida en el seno de este órgano.
Como primera medida de acción, el responsable del área, Pablo Rodríguez, ha anunciado la creación de un censo de los núcleos afectados del litoral canario, un trabajo “vital” para realizar una radiografía actualizada de la situación. “Es necesario cuantificar el número de personas y de viviendas que se ven afectadas actualmente por la Ley de Costas, para empezar a trabajar de forma conjunta, haciendo un frente común, y buscar soluciones”, ha señalado el consejero.
Esta primera reunión simboliza el compromiso adquirido por la Consejería de escuchar y analizar todas las reclamaciones con el objetivo de establecer las fórmulas correspondientes. “Este es solo el primer paso, a partir de aquí sentamos las bases de una hoja de ruta que seguiremos conjuntamente con la finalidad de ordenar el litoral canario sin obviar las peculiaridades que nos caracterizan”, añadió Rodríguez.
Por su parte, el director general de Costas del Ejecutivo ha avanzando que, dentro de esta estrategia de trabajo, la Consejería ha planteado algunas de las acciones a llevar a cabo en cuanto recuperación del dominio público, que abarca desde el análisis jurídico a acciones en materia específica de ordenación del litoral, como es la creación del citado censo costero, teniendo en cuenta las singularidades de las Islas.
“Además, también hemos trasladado a los colectivos nuestro objetivo de elaborar un reglamento que rija esta Comisión, que contemple a todos los colectivos afectados, y sea el marco que dirija las próximas convocatorias”, ha aclarado.
La Comisión Mixta volverá a ser convocada próximamente para valorar los avances realizados, así como para establecer nuevos objetivos de trabajo.
En la Comisión han participado representantes de la Fecam; Plataforma canaria de afectados por la Ley de Costas; plataforma ciudadana ‘El Yodo’; ‘Asociación vecinal Playgarza’; Asociación de vecinos de la Playa de Tufia, y la Asociación de vecinos y amigos de Cristo de Ojos de Garza.
