Madrid.- El senador por Gran Canaria y portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Ramón Morales, denuncia que CC haya dejado de lado hoy en el Senado al sector del transporte en Canarias, especialmente a los colectivos y autónomos que prestan el servicio de transporte escolar en el Archipiélago, tras retrasar la aprobación inmediata de una batería de medidas para favorecer la supervivencia del sector tras la crisis sanitaria generada por la COVID-19.
La sesión plenaria celebrada esta mañana en el Senado debatía el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, con el objetivo de favorecer la recuperación del sector del transporte de pasajeros, uno de los más dañados por la crisis sanitaria.
Tras su debate en el Congreso de los Diputados, donde alcanzó un gran consenso no solo por las fuerzas políticas, sino también por los colectivos y asociaciones afectadas, cuyas peticiones fueron recogidas en el texto, hoy el proyecto de ley llegaba al Senado para su debate final antes de ser aprobado.
«Siento una gran impotencia al presenciar cómo la derecha nacionalista canaria, que se arroga siempre la defensa de los canarios, presenta una enmienda hoy, que nada tiene que ver con el fondo del Proyecto de Ley, plegándose a los grandes fondos de inversión que operan en los aeropuertos de Canarias, y dejando tirados a los transportistas de las Islas, desoyendo todas sus peticiones», lamenta Morales.
Entre los puntos principales que recoge la normativa, se incluye una disposición adicional para incrementar temporalmente la antigüedad máxima de los vehículos que realizan transporte escolar y de menores, permitiendo que se incremente de los 16 años a los 18, en Península, y de los 18 a los 20 en las Islas. Esto favorecería que el sector no tuviese que afrontar ahora mismo una inversión inmediata para renovar la flota, con un periodo de prórroga durante los próximos dos cursos.
La Covid-19 y las restricciones a la movilidad han afectado enormemente a la demanda del transporte discrecional de viajeros teniendo un descenso del 85%, por lo que muchas de estas empresas realizan también transporte escolar para garantizar la rentabilidad de su negocio.
Asimismo, el texto también contempla la flexibilización de las normas para reducir los plazos medios de pago en las operaciones comerciales en el sector, para que las pequeñas empresas no tengan que sufrir incumplimientos sistemáticos. Se prevé incluir un nuevo tipo infractor en la Ley, que contemple como plazo máximo legal de pago los sesenta días.
En este sentido, el senador grancanario señala que CC se ha situado hoy, una vez más, en contra de los autónomos y pymes del sector del transporte, impidiendo que la norma pudiese entrar en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
«CC tendrá que explicar a los transportistas su posición ya que, si siguen en la línea de oponerse a cualquier iniciativa que apoye el PSOE en favor de los intereses de Canarias como estrategia de desgaste al gobierno, seguirán errado el tiro, ya que a quienes perjudican seriamente es al autónomo que tiene una guagua escolar y está esperando para pasar la ITV y poder trabajar», concluye Morales.