Santa Cruz de Tenerife.- Plena inclusión y Plena inclusión Canarias han puesto en marcha el proyecto “MICASA: una vida en comunidad”, cuyo objetivo es desarrollar modelos de viviendas en comunidad para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo y, contribuir así, al desarrollo de políticas públicas sobre la desinstitucionalización.
El proyecto en Canarias
En nuestra Comunidad Autónoma se desarrollará en las islas de Tenerife y La Palma junto con las entidades: Probosco, Asociación de Padres Orobal y Fundación Canaria Taburiente Especial, además de contar con la colaboración del IASS del Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Cabildo Insular de La Palma.
De estas asociaciones, Probosco, en la isla de Tenerife, lleva más de 10 años apostando por un modelo similar. Desde entonces, han puesto en marcha 5 viviendas, 3 pertenecientes al Proyecto Mi Casa, en las que un total 31 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo viven en comunidad y han conseguido una alternativa a las residencias.
Relevancia de un nuevo modelo de vida en comunidad
“Es muy importante porque va a poner en valor y evidenciar lo que llevamos defendiendo y por lo que hemos apostado desde hace años desde Plena inclusión: que las personas con discapacidad intelectual quieren vivir en su entorno, tengan derecho a elegir dónde quieren vivir y que esto sea en comunidad” anunció Carmen Laucirica, presidenta del movimiento asociativo Plena inclusión, en la presentación del proyecto en el acto “Construyendo un nuevo país: los fondos europeos al servicio de la innovación social”, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el pasado 20 de julio en Madrid.
El proyecto quiere devolverles la dignidad a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a las que se han vulnerado sus derechos. Estas tienen menos oportunidades de vivir por voluntad propia en la comunidad y aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo, normalmente se ven obligadas a vivir en instituciones residenciales. Se suma la poca capacidad de decisión a la que se enfrenta en cuestiones más elementales de su vida, de relacionarse con su entorno y hacer amistades.
“Me gusta vivir en mi casa, tengo mi habitación para mí sola que he podido decorar yo como a mí me gusta. Antes vivía en una residencia de mayores, compartía la habitación con mucha gente y no me dejaban ver la tele o hacer café” comenta María Dolores Expósito, que vive desde hace 6 años en una de las viviendas de Probosco con otras mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que ha visto una mejora en su calidad de vida.
Lo mismo señala Elsa María González, que le gusta más tener su cuarto para ella sola, con su tele y sus cosas, además añade “me encanta compartir esta casa con mis compañeras, hablamos, hacemos las tareas de la casa como recoger la ropa, poner la lavadora o tender”
Otra de las finalidades de este proyecto es vincular a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con su entorno, que participen de manera activa en su comunidad generando redes de relaciones personales. Gudena García, trabajadora del proyecto Mi Casa en Probosco, destaca que “lo más importante es la acogida que se hemos recibido por parte de la comunidad. Los vecinos colaboran con nosotros y nos ayudan cuando lo necesitamos. Creo que se está generando un impacto positivo y vamos en buen camino para conseguir la integración total”
Los beneficios de este modelo de vida son ya palpables. “Las personas están más serenas, disfrutan de su vida, ya no están ligadas a tener que pasar un número de horas al día en un centro, si no que tienen un plan de vida más natural, en el que ellos son los protagonistas y toman sus propias decisiones” comenta Elena Cañete, gerente de Probosco.
“MICASA: una vida en comunidad”, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, se extenderá hasta diciembre del 2024 con una subvención de 2.680.773,21 € millones de euros para su desarrollo en Canarias.
