Luzardo: “siete meses sin atención presencial en Servicios Sociales por no adaptar las instalaciones al COVID-19”

La práctica totalidad de las oficinas de Servicios Sociales no cumplen, por cuestiones de espacio, disposición o falta de ventilación, con las medidas sanitarias necesarias para atender de forma presencial a las personas en situación de vulnerabilidad

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Pepa Luzardo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas./ Cedida.
Pepa Luzardo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas./ Cedida.

Las Palmas de Gran Canaria.- La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha denunciado este viernes, 20 de noviembre, que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) sigue sin poner a disposición de los ciudadanos la atención presencial en Servicios Sociales.

“En pleno estallido social, con unas colas del hambre que son cada vez más largas delante de las entidades de reparto de alimentos, seguimos viendo cómo el PSOE no habilita la atención 100% presencial en las oficinas de Servicios Sociales de los distritos”, explica la portavoz del PP.

Luzardo, que junto a sus concejales ha realizado un recorrido por los cinco distritos para conocer de primera mano la realidad y para hablar con los profesionales públicos, ha podido confirmar que a pesar de haber transcurrido siete meses del inicio de la pandemia las instalaciones no se han adaptado.

“La imagen que se encuentra cualquier persona que hoy vaya a la Oficina de Ciudad Alta o de Tamaraceite, por citar dos ejemplos, a pedir una ayuda social es la de una silla bloqueando el acceso y a un agente de seguridad privada que le dirá que no tiene citas para poder ser atendido”, relata la concejal del PP.

Este pasado martes contrastamos que una persona que pidió cita para ser atendido en servicios sociales recibió la hora el 8 de marzo de 2021, es decir, casi cuatro meses después de haberla solicitado porque carecía de ingresos para hacer frente a la compra de alimentos o para el pago del agua o la luz.

“Sencillamente es incomprensible y retrata a un gobierno que dijo ser de las personas y que hace tiempo que es de la mentira”, añadió la edil popular, quien además censuró que se sigan repartiendo tarjetas de alimentos en vez de tarjetas monedero para la compra  de alimentos a aquellos “afortunados” que consiguen que finalmente puedan ser atendidos por teléfono por un trabajador social.

“Mención aparte requieren estos profesionales, que están saturados y trabajando en unas condiciones pésimas, con el principal programa del que disponen a medio gas por el vencimiento de su contrato de mantenimiento, sin personal administrativo que les apoye en un momento en el que no paran de crecer las peticiones de ayuda”, relata la portavoz del principal partido de la oposición.

La práctica totalidad de las oficinas de Servicios Sociales no cumplen, por cuestiones de espacio, disposición o falta de ventilación, con las medidas sanitarias necesarias para atender de forma presencial a las personas en situación de vulnerabilidad, mientras que muchas otras carecen de medios material y sobre todo personales. “En Ciudad Alta, por ejemplo, hay siete trabajadores menos por baja o jubilación que no han sido repuestos a pesar de ser el distrito más poblado del municipio”, afirma.

Además Pepa Luzardo lamenta que sigamos sin activar las tarjetas monedero y que la totalidad de la asistencia social que ofrece el municipio consiste en tramitar ayudas económicas ante la saturación del sistema, “incapaz de ofrecer itinerarios de integración laboral o personal”. Además se produce una mala distribución  de las tarjetas de alimentos en virtud de la población de cada distrito, por lo que en algunos hay menos de las necesarias.

Cabe recordar que esta misma semana el PP solicitó que se declare el estado de emergencia social en el municipio, lo que permite simplificar todos los procedimientos administrativos y otorgar ayudas a familias, pequeñas y medianas empresas (pymes), sectores económicos concretos y ONG con carácter anticipado, facilitando la comprobación y justificación posterior.

Luzardo considera “urgente” un plan de rescate económico y social “que empiece por bajar a Hidalgo de la nube en la que está instalado”, motivo por el que es necesaria la declaración del estado de emergencia social con la que satisfacer las necesidades básicas de la población de la ciudad, que atesora 80.000 personas entre afectados por ERTE y parados.

 

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