“La pasividad del Gobierno de España con el CIE de Hoya Fría y los migrantes clama al cielo”

El presidente del grupo municipal de CC-PNC, José Manuel Bermúdez, recuerda que Santa Cruz demanda desde hace años “respuestas efectivas y concretas a un asunto que va a más”

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José Manuel Bermúdez, presidente del grupo municipal de CC-PNC en el Ayuntamiento de S/C de Tenerife. Cedida. NOTICIAS 8 ISLAS
José Manuel Bermúdez, presidente del grupo municipal de CC-PNC en el Ayuntamiento de S/C de Tenerife./ Cedida

Santa Cruz de Tenerife.- El presidente del grupo de CC-PNC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha denunciado la pasividad del Gobierno de España respecto al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría y los migrantes sin papeles, “una situación que –a su juicio– clama al cielo”. Por este motivo, el ex alcalde defenderá este viernes una moción ante el Pleno en la que demanda “respuestas efectivas y concretas a un asunto que va a más, con un plan adecuado a las realidades actuales y tendencias futuras de este fenómeno social”.

“En febrero pasado reclamé desde la Alcaldía una solución al incremento de extranjeros que viven en las calles de esta capital, procedentes de Hoya Fría, el único operativo en Canarias, cuyos trabajadores sufren también una situación insostenible. Pero, ocho meses después, la única respuesta ha sido el silencio, por más que son muchas las personas de distintas nacionalidades que se hallan en la calle, superado el plazo de estancia en el centro, lo que exige una acción inmediata desde la administración central, sin que Santa Cruz pueda hacer nada por sí sola”, explica.

En aquel entonces, Bermúdez solicitó que estas personas pudieran disponer de la misma movilidad geográfica que tienen en territorio peninsular, facilitándoles su desplazamiento para reagruparse, si fuera posible, con familiares o amigos residentes en otras comunidades y tener otro tipo de oportunidades. “Tampoco en este caso hubo respuesta alguna a lo que propusimos desde el consistorio”, añade.

La propuesta de CC-PNC plantea la necesidad de que, en colaboración con las distintas fuerzas políticas, administraciones, instituciones y organizaciones sociales, se proceda a la sustitución de los CIEs por nuevos dispositivos de régimen abierto, respetuosos con los derechos de las personas. “Proponemos la creación de suficientes dispositivos de primera acogida que oferten asesoramiento integral a quienes llegan a nuestras costas en pateras o cayucos”, explica.

Asimismo, los nacionalistas reclamarán que el Gobierno de Canarias incidida ante la Administración del Estado y las corporaciones locales su liderazgo en la elaboración del Plan de Acogida e Integración de Personas Refugiadas e Inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

De otra parte, la moción llama a trabajar conjuntamente, las administraciones y las entidades sin ánimo de lucro, en acciones facilitadoras de la acogida, inclusión e integración social, orientadas al desarrollo integral de las personas. “Se trata así de conseguir un grado de protección social suficiente que permita el desarrollo personal y su integración posterior en la sociedad”, indica CC-PNC.

Para ello, el grupo nacionalista demanda que el Gobierno del Estado impulse políticas y ayudas al desarrollo y cooperación en los países de origen, aumentando para ello los fondos públicos de cooperación al desarrollo hasta el 0,7%, conforme a la recomendación de la ONU, con la finalidad de evitar los desplazamientos forzados desde esos focos de emisión de personas migrantes.

De la misma manera, se insta al Ejecutivo central a emprender “una labor de interlocución directa y eficaz con las distintas fuerzas políticas y representantes de las comunidades autónomas que gestionan los efectos del fenómeno migratorio”, al tiempo que se solicita la recuperación en los Presupuestos del Estado del fondo de apoyo a la acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes, eliminado desde el año 2012.

Con idéntica intención, se propone un aumento de las partidas en los Presupuestos del Estado, de la Comunidad Autónoma y de los Cabildos para desarrollar con las entidades sin ánimo de lucro programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países, con el objetivo de promover la plena integración de la población extranjera en la sociedad española y su participación política, económica, social y cultural.