San Cristóbal de La Laguna.- El grupo municipal nacionalista en el Ayuntamiento de La Laguna denuncia que el Gobierno de La Laguna ha devuelto el millón de euros del Plan de Empleo para grandes ciudades, que debía haberse destinado a políticas activas de empleo en el municipio. Reintegra una importante partida económica que el Servicio Canario de Empleo no podrá utilizar para otras convocatorias, pues lo tendrá que devolver a Madrid.
Ello implica que no hay posibilidad de distribuirlo, de asignarlo a otras convocatorias, a otros municipios que sí tuvieran interés en sus vecinos y vecinas desempleados, una situación que al grupo de Coalición Canaria-PNC resulta no sólo preocupante sino triste en estos tiempos que corren. La Laguna ha incrementado en casi 4.000 personas el paro registrado en las oficinas de empleo desde mayo de 2019, 1.556 ya antes de la pandemia. Un incremento del 24% de parados en La Laguna desde el comienzo del presente mandato.
La oposición ha podido, al fin, examinar los decretos del primer semestre de 2020, entregados con un retraso injustificable tan sólo 4 días antes del pleno. Tras el estudio somero de los 4.665 decretos ha comenzado a explicarse muchas situaciones que, hasta ahora, el actual Gobierno municipal había mantenido ocultas.
En particular, los nacionalistas llaman la atención sobre la gran cantidad de convalidaciones de decretos, o subsanaciones, es decir, “legalizaciones” de decisiones contrarias a las exigencias normativas que luego han de ser auto rectificadas por el Gobierno del tripartito lagunero. Ante ello, CC-PNC se pregunta si, por ejemplo, ¿no pueden realizar la reserva de crédito antes de contraer el compromiso de gasto con el proveedor?, apuntando que, tras un primer examen de los expedientes, se constatan hasta 200.000 euros mensuales de gastos susceptibles de legalizar.
Respecto a los gastos de publicidad y propaganda, una partida sobre la que el concejal Santiago Pérez se quejaba continuamente en el mandato pasado, se observa que hay abonos de difícil justificación, a la vez que se destaca “la obsesión de muchos de los concejales del equipo de Gobierno de controlar las redes sociales y de impulsar sus perfiles personales en ellas con dinero público, con dinero del Ayuntamiento”. Ante ello se pregunta si “¿es lícito usar dinero público para una campaña de marketing de los perfiles personales de los concejales en redes sociales?”.
