El pasado 20 de febrero celebramos el Día Mundial de la Justicia Social. Para muchos expertos en la materia se considera que el origen de la justicia social se encuentra en lo que fue la justicia distributiva, que estableció en su momento el filósofo griego Aristóteles. La misma venía a dejar patente que era aquella que se encargaba de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes imprescindibles, como podía ser la educación o la alimentación.
A pesar de ello, quien firma este artículo, considera que pocos conceptos pueden tener tantas interpretaciones como el de la justicia social. Los partidos políticos cuentan con valores e ideas que constituyen su seña de identidad. Para el Partido Socialista, la justicia social constituye uno de sus ejes vertebradores, conscientes en que una sociedad en la que prima la justicia social, los derechos humanos de las personas serán respetados y las personas en situación de vulnerabilidad social contarán con oportunidades de desarrollo y protección.
La realidad es tozuda y cuando llega el momento de llenar de acción esos valores e ideario, es justo ahí cuando se evidencian las diferencias ideológicas entre unas y otras formaciones políticas. Lo podemos ver con mucha claridad si hacemos una pequeña comparación entre la crisis económica y social de 2008 y la crisis social y económica actual consecuencia de la pandemia del Covid-19. Mientras la primera fue afrontada por las políticas de austeridad del PP –congelación de pensiones, recortes en los derechos sociales de los trabajadores, recortes en el sistema público de servicios sociales, reforma laboral, entre otras cosas, para abaratar despidos, etc.–, la actual crisis se ha afrontado con justicia social, aplicando medidas que materializaran la igualdad de oportunidades, poniendo al servicio de la ciudadanía los bienes y servicios públicos para que nadie se quede atrás.
Por tanto, mientras en la primera crisis los recortes fueron relevantes en todos los sistemas de protección social y especialmente en el sistema público de servicios sociales, que lo debilitaron hasta la mínima expresión. Afortunadamente no ha ocurrido lo mismo en la segunda, en la que se ha fortalecido como nunca, hasta este momento, para hacer efectivos los derechos sociales reconocidos a la ciudadanía de este país.
Y no son palabras, sino hechos, así: el plan concertado que financia las prestaciones básicas de servicios sociales se ha incrementado en un 55%; la partida económica para la atención a las personas en situación de dependencia se ha ampliado en un 34%; las pensiones no contributivas han crecido en un 3%; se ha aprobado el ingreso mínimo vital para que las personas que no cuentan con recursos económicos puedan cubrir sus necesidades básicas; se aprobó el bono de alquiler joven con el fin de promover la emancipación y la construcción de su proyecto de vida, el bono turístico, etc.
Si miramos a nuestra tierra canaria para analizar cómo afrontaron los diferentes gobiernos autonómicos la crisis social y económica, nos encontramos que, en la primera, gobernaba la administración autonómica Coalición Canaria. Sus dirigentes siguieron a pie juntillas las directrices de sus homólogos nacionales y dejaron desprotegidas socialmente a más de un cuarto de nuestra población. Muchas de estas personas solo encontraron apoyo en aquellos ayuntamientos sensibles con la necesidad de garantizarles una vida digna. Así, miles de jóvenes se embarcaron en la adquisición y alquiler de una vivienda que nunca contó con la prometida subvención pública. Muchas personas permanecían hasta un año o más esperando la Prestación Canaria de Inserción. Las partidas económicas para luchar contra la principal lacra social de esta tierra, la pobreza estructural, brillaban por su ausencia. El incremento de plazas de escuelas infantiles dormía el sueño de los justos. El sistema de dependencia apenas incrementaba su partida financiera desde su creación allá por el 2007. Los expedientes de la administración autonómica comenzaban a tener demoras inhumanas por la falta de profesionales, etc.
Por el contrario, el actual Gobierno de Canarias está afrontando la presente crisis social fortaleciendo los sistemas públicos de protección social. Es decir, ha llenado de contenido la justicia social, seña de identidad del actual Gobierno de Canarias; de contenido, con la finalidad de no dejar a nadie atrás. La batería de medidas es amplia, no obstante, a modo de ejemplo se pueden destacar las siguientes: modificación de la ley que regula la Prestación Canaria de Inserción para ampliar los perfiles de las personas beneficiarias; agilización de las renovaciones y entrega de 50€ más por cada menor de edad que integre la unidad familiar; concesión de una paga extra a las personas beneficiarias de una pensión no contributiva; incremento del presupuesto para la atención a las personas en situación de dependencia; aumento del personal, como nunca, para agilizar la valoración de solicitudes; incremento también del presupuesto para los servicios sociales municipales y, de esa forma, reforzarlos como puerta de entrada al sistema público de servicios sociales; se ha multiplicado la partida económica destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas residentes en esta región; se han concedido ayudas a autónomos y empresas por valor de más de 1.200 millones de euros para proteger el empleo y la economía en Canarias.
En estos tiempos en la que hemos globalizado casi todo, y en los que algunos se afanan por desdibujar las líneas que separan los diferentes valores e idearios políticos, han bastado dos crisis encadenadas para que en un momento tan crucial como el que nos encontramos la ciudadanía empiece a ser cada vez más consciente de la importancia de contar con uno u otro gobierno.
En definitiva, la justicia social va dirigida a paliar desigualdades, erradicar la pobreza y favorecer el bienestar de todas las personas. Por eso está estrechamente vinculada a la Agenda 2030 con la que estamos globalmente comprometidos y comprometidas. Si bien a lo largo de los 17 objetivos que constituyen la Agenda prevalece la imperiosa necesidad de lograr una sociedad global libre de injusticias. El objetivo más específicamente orientado a conseguir la justicia social es el número 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
Tal y como señala este objetivo, todos deberíamos enfocarnos y esforzarnos en «promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas».
No quiero finalizar este artículo sin expresar que es para mí un honor formar parte de este gran partido, que ha sido arquitecto de libertades, de progreso, de feminismo, pero sobre todo de justicia social.
Teresa Cruz Oval. Diputada por la isla de Tenerife del PSOE en el Parlamento de Canarias.
