Nuestra sociedad envejece (según el Foro Global de la ‘Silver Economy’ en el año 2060, uno de cada tres europeos tendrán más de 65 años), a menudo, acompañada de una mayor presencia de enfermedades crónicas y de la necesidad de cuidados personales de quienes las padecen. Uno de los principales desafíos en nuestro Estado del Bienestar es conseguir que la cobertura de sus prestaciones sea mejorada y esté garantizada.
Los cambios demográficos y sociales, un entorno cambiante y un contexto marcado por las crisis económica y social, constituyen un reto para la mejora e, incluso, para la sostenibilidad de los sistemas públicos sanitario y social. Se deben abordar de manera decidida planteamientos de fondo que vengan a flexibilizar nuestros sistemas y les permitan adaptarse a las nuevas realidades a las que han de hacer frente.
El envejecimiento de la población plantea serios interrogantes acerca de los cuidados que serán demandados en un futuro no muy lejano. La demanda de servicios de atención sociosanitaria se ha venido incrementando considerablemente en los últimos años y continuará haciéndolo durante las próximas décadas, como consecuencia del envejecimiento, la enfermedad crónica y la dependencia que, en la mayoría de ocasiones, la acompaña.
El art 14 de la Ley 16/2003 , de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, determina que la atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellas personas enfermas que, por sus especiales características, pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar la autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar la reinserción social, que se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad determine y como mínimo comprenderá:
a) Los cuidados sanitarios de larga duración
b) La atención sanitaria a la convalecencia
c) La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable
El gobierno de Canarias, en el marco de su potestad de autoorganización, derivada del Estatuto de Autonomía, tiene competencia para la regulación de esta materia.
El desarrollo de la atención sociosanitaria exige un compromiso firme de cualquier gobierno con independencia de las crisis económica y social que previsiblemente puede sobrevenir tras la crisis sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus. Ahora más que nunca es necesario reforzar y evitar que se cuestionen aquellas medidas que igualan a las personas y ello tenga, como consecuencia, una reducción de las mismas o una manera menos universal de acceso.
La atención sociosanitaria, no en vano, se configura como una parte sustancial de nuestro modelo de protección social y de nuestro Estado de Bienestar. La atención sanitaria y promoción de la salud, claves del Estado de Bienestar, han alcanzado un mayor grado de complejidad debido, entre otras cuestiones al envejecimiento de la población y la necesidad de dar respuesta en el ámbito sanitario a cuestiones que no son exclusivas del mismo.
Contar con un sistema sanitario cada vez más resolutivo y eficaz para atender lo agudo, requiere dar una respuesta adecuada a la atención a la enfermedad crónica compleja. Asimismo la eficiencia del sistema pasa de manera incuestionable por minimizar las listas de espera sanitarias. Las personas que requieren atención sociosanitaria y ocupan camas de agudo no se merecen permanecer meses e incluso años en un centro hospitalario, ya que no sólo no estamos dando la atención adecuada sino que le estamos hurtando una relación más cercana y estrecha con su entorno familiar y social.
Tanto el sistema sanitario como el de servicios sociales, a pesar de evolucionar a diferente ritmo y contar con un origen y trayectoria desiguales, lo han hecho en una dirección convergente: existen variadas iniciativas que muestran el gran potencial de una acción conjunta y las posibilidades que la misma puede aportar al sistema y a los destinatarios de sus acciones. Sin embargo, aún son muchos los elementos que deben ponerse en marcha y desarrollarse para alcanzar, en el día a día, una verdadera coordinación de ambos sectores. El momento requiere un impulso y una apuesta decidida que permita que la coordinación sociosanitaria sea una verdadera realidad en nuestra Comunidad Autónoma. Un escenario centrado en la persona, más humano y satisfactorio. Hemos de hacer las cosas de una manera distinta, más eficiente en cuanto al gasto y más integral en la atención a las personas.
Es inminente replantear algunas de las soluciones que se hayan adoptado en un pasado reciente y que pueden llegar a resultar obsoletas a corto plazo. De cara al futuro más inmediato, mejorar la salud de las personas y hacerlo de manera sostenible pasa, al menos, por algunos de estos elementos: primar la salud y la autonomía de las personas; garantizar la calidad de las prestaciones y servicios ofrecidos a las personas con enfermedades crónicas que requieran cuidados continuados y gestionar de manera integrada la atención sanitaria y social.
Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida de nuestra población y para contar con un sistema sanitario más eficiente y resolutivo es necesaria dotarlo, al menos de dos nuevas prestaciones de marcado carácter sociosanitario: las unidades de atención a la cronicidad con alta complejidad en los hospitales de agudos para atender a las reagudizaciones del paciente crónico complejo; creación de las unidades de media estancia o recuperación funcional para llevar a cabo la convalecencia de los pacientes que precisen una atención más prolongada tras la estabilización de un proceso agudo. Asimismo desde el sistema de servicios sociales es necesaria la creación de las unidades de larga estancia o residencias asistidas para pacientes crónicos con alta complejidad de manejo en los domicilios.
El liderazgo para mejorar la calidad de la atención sociosanitaria en Canarias debe ser compartida entre ambos sistemas y entre las diferentes administraciones públicas competentes en esas materias. Es posible y, ahora más que nunca necesario, promover acciones dirigidas a alinear objetivos comunes encaminados a garantizar la cobertura de las nuevas necesidades sanitarias, la enfermedad crónica y la complejidad.
María Teresa Cruz Oval Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.
