Santa Cruz de Tenerife.- En relación con el denominado acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas (BOE), suscrito entre el Gobierno del estado español y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF el pasado 5 de julio, desde la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, expresamos nuestro completo rechazo al contenido del mismo.
En primer lugar, no contempla las especificidades de Canarias, en el sentido que hablamos del territorio con más tasa de temporalidad y más prolongada y además los menores ratios de personal por población. A esto hay que añadir, una situación socioeconómica particularmente precaria, con unos índices de paro y unos niveles de pobreza estructurales que se han intensificado con la pandemia, a razón de un modelo de desarrollo basado en el monocultivo turístico.
En el sector sanitario público, añadidamente, el tercero peor por la cola del conjunto del estado, los índices de temporalidad, precariedad y abuso en la contratación, superan con creces los de cualquier otro servicio de salud.
Por ello, el acuerdo alcanzado, que viene a recrudecer aún más la situación actual, nos parece una huida hacia delante que dejará en la estacada a muchos profesionales con más de 20 años de experiencia, en abuso de temporalidad, y cuyo esfuerzo y capacitación, en las peores condiciones laborales posibles de sobrecarga asistencial, quedan a merced de la celebración de una prueba teórica, que se prioriza con el 60% y, dentro del 40% restante, para baremar la plaza se considera “un poco más de valor” al tiempo trabajado. Además, constituye una burla a todos los movimientos reivindicativos en lucha, entre los que se incluye Intersindical Canaria, que vienen reivindicando “la Consolidación y Permanencia en el Empleo”
Desde Intersindical Canaria, seguimos reivindicando procesos extraordinarios y excepcionales de consolidación y permanencia en el empleo público para Canarias como única salida a los excesivos niveles de temporalidad y el abuso de la misma, frente a una política denominada de estabilización, de imposible aplicación y, que además, va a suponer un ciclo de despidos en la administración pública, donde el trabajador, que no acceda a plaza, a cambio de una limosna, verá repetidamente precarizadas sus condiciones de trabajo o se enfrentará directamente a la situación de desempleo.
