Román Rodríguez se muestra partidario de intensificar el tributo ya que son ganancias obtenidas a costa de los trabajadores, las pymes y las rentas medias
Las Palmas de Gran Canaria. Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) sostuvo hoy que los «insultantes» beneficios de la gran banca en 2023 justifican la continuidad e intensificación del impuesto extraordinario fijado por el Gobierno estatal y cuya vigencia finaliza este año. El presidente de NC-BC, Román Rodríguez, subrayó que estas ganancias se obtienen a costa de los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las rentas medias cuando los créditos son los más caros de Europa y los depósitos y ahorros están escasamente remunerados.
La cifra récord de beneficios obtenidos en el ejercicio económico del pasado año, más de 26.000 millones de euros después de pagar unos 1.200 millones de euros por el nuevo impuesto a la banca, para el canarismo de progresos, es «insultante».
Más grosero se vuelve este aumento del 27 por ciento con respecto a 2022, según NC-BC, cuando han sido obtenidos a costa de los trabajadores, las pymes y las rentas medias al mismo tiempo que se ofrecen los créditos más caros de Europa, se intensifica el esfuerzo de las familias y trabajadores para hacer frente a los préstamos hipotecarios y los depósitos y ahorros de la mayoría social están escasamente remunerados. Además del importante deterioro de los servicios prestados que afecta, en mayor medida, a las personas mayores, el mundo rural y las personas más necesitadas.
Román Rodríguez se mostró categórico al afirmar que hay razones más que suficientes, «no solo para mantener» el impuesto extraordinario a la banca, cuya vigencia termina en 2024; sino para que «se intensifique y se vuelva permanente».
Este sector, agregó el presidente de NC-BC, tiene que contribuir al mantenimiento del Estado del bienestar y a garantizar los servicios públicos esenciales. Entre otras razones, tal y como indicó, por haber recibido, en la crisis financiera de 2008, más de 60.000 millones de euros de fondos públicos que aún no han sido devueltos.
