Santa Cruz de Tenerife.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife acumula retrasos importantes en la resolución de los expedientes de jubilación. También son objetos de estos retrasos otras prestaciones e incluso la resolución de las reclamaciones y recursos de los ciudadanos.
El retraso en las pensiones de jubilación superan en muchos casos los 3 meses. Durante este tiempo el trabajador o autónomo no percibe ningún ingreso ya que ha finalizado su relación con su empresa o bien ha finalizado su actividad profesional en el caso de los autónomos.
Rafael Gómez Yánez, miembro de la Junta de Personal de la Administración del Estado señala que «estos retrasos son debidos a la acuciante necesidad de personal. La plantilla lleva menguando desde hace años, y las plazas vacantes no se reponen. A esto hay que añadir la falta de sensibilidad por parte de los servicios centrales con esta provincia en el reparto de las pocas plazas que se convocan. Cualquier otra provincia con una población semejante a esta, dispone de muchos más empleados públicos al servicio del ciudadano».
En este sentido Gómez Yáñez resalta que «la demanda de atención por parte de los ciudadanos ha aumentado en los últimos años, este año llegaremos a las 100.000 atenciones presenciales y telefónicas, sin embargo a muchas personas les cuesta acceder a estos servicios».
Además, «tenemos centros de atención al ciudadano como el del Sur de la isla de Tenerife que atiende a una población de unos 225.000 habitantes con una plantilla de que oscila entre los 3 y los 6 funcionarios».
Desde CSIF Tenerife llevamos más de 10 años solicitando la equiparación de la indemnización por residencia con Ceuta y Melilla para que las pocas plazas que se cubran sean más atractivas para los empleados públicos de otras provincias y para los nuevos opositores que acceden a la función pública. Este incentivo económico conseguiría la estabilización de la plantilla y evitaría la perdida de personal. Todo esto motiva una falta de atención adecuada al ciudadano y una carga de trabajo excesiva, soportada por los empleados públicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social que llevan mucho tiempo trabajando para evitar el colapso en la gestión de las pensiones, pero que ven que cada día que pasa la situación empeora.
