En un movimiento significativo hacia la reducción de la pobreza y la exclusión social, el IMV experimenta un importante aumento en 2024, prometiendo un impacto positivo en la vida de numerosas familias en el archipiélago canario
Santa Cruz de Tenerife. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha marcado un antes y un después en el apoyo a las familias más vulnerables de España, y de manera significativa, en el archipiélago canario. Desde su implementación en 2020, este subsidio ha sido una herramienta crucial para combatir la pobreza y fomentar la inclusión social. Con el amanecer de 2024, el IMV recibe un impulso significativo, reflejando no solo un incremento en las cantidades otorgadas sino también una adaptación a las cambiantes circunstancias económicas y sociales de sus beneficiarios.
El Gobierno de coalición ha impulsado una revalorización del IMV que se traduce en un aumento de hasta el 6,9% para distintos tipos de unidades de convivencia. Este ajuste se enmarca dentro de un plan más amplio que busca elevar progresivamente la prestación un 21,3% hacia 2027, estableciendo una cuantía base anual de 8.236 euros para un beneficiario individual sin discapacidades. Específicamente, para el año 2024, se ha previsto un incremento que sitúa la prestación en 7.244 euros anuales, un paso adelante hacia la reducción del umbral de pobreza a través de las prestaciones no contributivas.
Este aumento responde a la necesidad de adaptarse a la realidad económica de las familias, considerando factores como la inflación y el costo de vida, que directamente afectan la efectividad del IMV como herramienta de inclusión social. La fórmula de revalorización se basa en un seguimiento continuo del Índice de Precios de Consumo (IPC), asegurando que las ayudas se ajusten adecuadamente a las condiciones del mercado.
El número de familias en Canarias que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 158% en un año, alcanzando los 26.307 hogares en febrero, con una inversión estatal de casi 15,98 millones de euros en el archipiélago. La distribución de las prestaciones refleja un enfoque hacia la mitigación de la pobreza, con un número significativo de ayudas destinadas a adultos sin pareja ni hijos, unidades monoparentales, y familias con o sin menores a cargo. El perfil predominante de los beneficiarios es femenino, representando las mujeres el 56% del total. Además, se resalta la inclusión de la Ayuda a la Protección a la Infancia (API) como complemento para casi 13.000 prestaciones. El Gobierno de Canarias, consciente de la creciente vulnerabilidad, presiona por un aumento en el número de beneficiarios debido al incremento del coste de vida. Este análisis se enriquecerá con estadísticas mensuales detalladas por comunidad autónoma, prometiendo un panorama más claro de la distribución y efectividad del IMV.
Sin embargo, más allá de los números, el IMV enfrenta desafíos significativos en términos de accesibilidad y efectividad. A pesar de su potencial para aliviar la pobreza, se estima que más de la mitad de los hogares elegibles no han solicitado el subsidio, lo que sugiere barreras en la implementación y en la difusión de información sobre el programa. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) señala que la prestación solo llega al 35% de las familias en situación de vulnerabilidad, lo que destaca la necesidad urgente de mejorar la promoción y el proceso de solicitud del IMV.
La compatibilidad del IMV con otras ayudas y subsidios es una buena noticia para los beneficiarios, permitiéndoles complementar sus ingresos sin superar los umbrales establecidos. Este aspecto es crucial para garantizar que el IMV cumpla su objetivo de apoyar a las familias más necesitadas sin desincentivar la búsqueda de empleo o la recepción de otras formas de asistencia social.
En Canarias, el impacto del IMV se complementa con iniciativas locales como la renta de ciudadanía, ampliando el espectro de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad. Hasta agosto de 2023, la renta de ciudadanía canaria había beneficiado a 12.645 destinatarios, con una inversión cercana a los ocho millones de euros, lo que demuestra el compromiso del gobierno regional con la inclusión social.
La evolución del IMV hacia 2024 representa una oportunidad para reforzar el tejido social en Canarias y en toda España. Sin embargo, es esencial abordar los desafíos de accesibilidad y promoción para maximizar su alcance y efectividad. El diálogo entre el gobierno, las instituciones financieras, y los agentes sociales y económicos será clave para asegurar que el IMV no solo aumente en cantidad, sino también en calidad y en capacidad para llegar a quienes más lo necesitan.
