Dos adolescentes senegaleses enfrentan el desafío del sistema penitenciario español, sumergidos en un entorno de prisión preventiva que plantea preguntas sobre la justicia y la integración
Santa Cruz de Tenerife. El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha anunciado la apertura de una actuación de oficio relacionada con los dos menores senegaleses de 15 y 17 años actualmente en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Las Palmas II, debido a la demora en la realización de las pruebas de verificación de edad. Esta medida busca instar al Gobierno de Canarias a proporcionar los recursos necesarios para acelerar dichas pruebas de determinación de edad para los migrantes que llegan al Archipiélago.
En el contexto de la migración hacia las Islas Canarias, un fenómeno que ha cobrado intensidad en los últimos años, la situación de dos jóvenes senegaleses, de 15 y 17 años, detenidos y colocados en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Las Palmas II, se ha convertido en un caso emblemático de las tensiones y desafíos presentes en el tratamiento de menores migrantes no acompañados en España.
La historia de estos adolescentes se inscribe en un marco más amplio de llegadas de migrantes a Canarias, que ha visto un incremento significativo desde 2020, agravado por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas. A pesar de la reactivación de las rutas migratorias hacia el archipiélago, la gestión de la acogida de migrantes y, en particular, de menores no acompañados, ha estado marcada por la controversia y el desafío logístico.
Canarias ha sido testigo de un esfuerzo significativo por mejorar la capacidad de acogida, pasando de no contar con suficientes plazas en 2019 a disponer de un número considerable de dispositivos de acogida para migrantes en los últimos años. Sin embargo, la distinción entre adultos y menores, y la adecuada atención a estos últimos, sigue siendo un punto crítico, especialmente cuando se trata de la detención preventiva en centros penitenciarios.
El Centro Penitenciario Las Palmas II, donde se encuentran los dos jóvenes, ha sido escenario de diversos incidentes, incluyendo motines y, más recientemente, un brote de COVID-19 que obligó a poner en cuarentena a parte de la población reclusa. Estos eventos resaltan las dificultades inherentes al manejo de centros de detención en contextos de alta tensión y la importancia de salvaguardar los derechos y el bienestar de todos los internos, especialmente los menores de edad.
La detención de menores en condiciones de prisión preventiva plantea importantes cuestiones legales y humanitarias. La ley internacional, y en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la regla, lo que resalta la necesidad de buscar alternativas que respeten los derechos de los menores y promuevan su integración y bienestar.
Este caso ilustra los retos a los que se enfrenta España en su gestión de la migración, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados. La necesidad de equilibrar la seguridad y el cumplimiento de la ley con el respeto a los derechos humanos y la protección de los jóvenes vulnerables nunca ha sido más crítica. A medida que la sociedad busca respuestas, el destino de estos dos jóvenes senegaleses permanece, por el momento, en un limbo, simbolizando la complejidad de la migración en el siglo XXI y los desafíos que aún están por resolver.
