Santa Cruz de Tenerife.- La Plataforma Nacional de Temporales e Interinos PI denuncia que el ministro de Administraciones Públicas, Miguel Iceta, planea introducir en el Decreto Ley de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), a cuyo borrador ha tenido acceso, un apartado donde prohíbe expresamente cualquier acuerdo que cualquier administración pública adopte con los trabajadores en abuso de temporalidad, «tal y como ocurrió en Canarias hace nueve días cuando el comité de huelga donde el consejero Julio Pérez ha firmado un documento en el que se compromete a conseguir la permanencia de estos trabajadores», afirma el portavoz de PI Miguel Quintero.
En este sentido, Quintero afirma que «se trata de la mayor expresión de centralismo desde la época de la dictadura, llevada a cabo además por un ministro que se declara federalista».
El documento, que Miguel Octavio Iceta tiene previsto aprobar el próximo martes, 6 de julio, especifica textualmente que «todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho».
El representante de PI indica que «con esta cláusula se carga directamente el acuerdo adoptado en Canarias, cuyos grupos de trabajo formados por miembros del Gobierno de Canarias y trabajadores aún no han empezado a funcionar y, sin embargo, Iceta ya los ha deslegitimado».
“Y no solo eso», prosigue Quintero, «el ministro Miguel Octavio Iceta amenaza directamente a las comunidades autónomas con sanciones al afirmar que las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.».
La Plataforma PI es clara también al afirmar que este Decreto Ley de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público roza la presunta prevaricación por parte del ministro ya que «siendo conocedor de que la normativa europea le ha dicho por activa y por pasiva que las Ofertas de Empleo Públicas no son el modo adecuado de reducir la temporalidad ni de sancionar el daño a los trabajadores afectados, aún así, prosigue en su empeño de introducir esa fórmula y, no solo eso, sino de obligar a las comunidades autónomas a sacar estos procesos selectivos que van en contra del derecho europeo, es decir, las obliga presuntamente también a prevaricar».
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