Santa Cruz de Tenerife.- El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha dejado claro, este martes, en el Parlamento de Canarias, que la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) atenderá la reclamación de su personal para recuperar el 5 % perdido en la crisis tan pronto como sea legalmente posible, lo que hasta ahora no ha sido.
Julio Pérez ha asegurado, tras una pregunta realizada por la diputada del Grupo Nacionalista CC-PNC Socorro Beato sobre este asunto, que se quiere pagar y se ha hecho todo lo posible para hacerlo, pero la normativa actual no lo permite.
En su respuesta, ha explicado que GSC ha cumplido con lo acordado el 10 de noviembre con los representantes de los trabajadores, para la recuperación retroactiva del 5% de las retribuciones minoradas a los empleados de la entidad en 2010, previa obtención de la autorización que exige la ley, como se hizo constar en el mismo acuerdo. Así lo demuestra la solicitud presentada a Hacienda el día siguiente, 11 de noviembre de 2021.
Sin embargo, ha dicho el consejero, la respuesta de la Dirección General de Planificación y Presupuestos fue que no se puede, porque, para poder hacerlo, la Comunidad Autónoma debía haber cumplido con las reglas fiscales y, según el último informe del Ministerio de Hacienda, relativo al ejercicio de 2019, no cumplió la regla de gasto.
Aun así, según ha expuesto Julio Pérez, GSC no se ha quedado quieta, pues volvió a pedir otro informe y ha realizado las actuaciones presupuestarias necesarias para preparar el pago de, al menos, una parte de la deuda. Planificación y Presupuestos ha vuelto a decir que no, pero la empresa confía, ha relatado el consejero, en que este mes de mayo el Ministerio de Hacienda informe de manera positiva acerca del grado de cumplimiento por la Comunidad Autónoma de las reglas fiscales. De ese modo, se levantarían las restricciones legales que hoy por hoy impiden abonar las retribuciones minoradas al personal de GSC, pues el acuerdo de hacerlo, ha advertido el consejero, sería ilegal.
