Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) y vicepresidenta primera de la Mesa, Esther González, ha mostrado hoy su asombro por los procedimientos empleados «nuevamente» por las instituciones del Estado ante otra modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF). González se refirió a la petición del Congreso de los Diputados para que el Legislativo canario emita el informe a un proyecto de ley «aprobado ya», que contiene la ampliación en un año de los plazos de materialización de la Reserva de Inversiones (RIC) por los efectos de la pandemia en 2020. La portavoz económica subrayó que el citado informe debe ser previo a la aprobación de las normas que afectan al REF, tramitadas por las Cortes Generales y el Consejo de Ministros.
Esther González manifestó su estupefacción por el contenido de la comunicación de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, firmada el pasado 23 de diciembre y registrada ayer martes, 4 de enero, en el Parlamento de Canarias.
Unas fechas que la vicepresidenta primera de la Mesa quiso remarcar porque, el pasado 5 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucional del Legislativo canario contra una disposición de la ley de medidas contra el fraude fiscal de las Cortes Generales y, el pasado 29 de diciembre, se tuvo conocimiento de que el TC adoptó la misma decisión con respecto a la segunda demanda de inconstitucionalidad relativa al real decreto ley sobre la fiscalidad energética.
En ambos casos, tal y como recordó la diputada de NC, el Legislativo por unanimidad decidió impugnar la vulneración de los procedimientos establecidos en el artículo 167 del Estatuto de 2018 y la disposición tercera de la Constitución.
La presidenta de la Cámara Baja, en su escrito, pone en conocimiento de la Cámara que la comisión de Hacienda y Función Pública, con competencias legislativas plenas, «aprobó» el pasado 21 de diciembre el Proyecto de Ley (PL) de Medidas Financieras de Apoyo Social y Económico y de Cumplimiento de la Ejecución de Sentencias. Una norma que procede del Real decreto Ley 39/2020 de 29 de diciembre.
Traslada así al Parlamento, añadió Esther González, las modificaciones del citado PL, introducidas como consecuencia de enmiendas aprobadas en la tramitación, «de conformidad a lo previsto» en la Constitución y en el Estatuto de 2018 para la modificación del REF.
Se trata, según la portavoz económica de NC de la ampliación en un año los plazos para efectuar la materialización de la RIC dotada con beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 por los graves efectos de la pandemia en las inversiones y resultados económicos en 2020.
También a la disposición final tercera del PL que modifica el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lo relativo a las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios para evitar supuestos de doble imposición y coordinar su regulación con lo establecido en la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).