Arona.- El grupo de gobierno de Arona -del Partido Socialista- ha recordado hoy que las sentencias judiciales contra la gestión de Coalición Canaria al frente del municipio han costado a las arcas municipales y al bolsillo de los aroneros más de diez millones de euros, la mayoría de ellas siguiendo el mismo patrón: el incumplimiento de convenios urbanísticos, tal y como ha vuelto a ocurrir con los casos de la construcción de viviendas públicas por parte de Visocan en terrenos privados como por los terrenos particulares ocupados de Guaza.
El caso de La Camella es especialmente llamativo, puesto que el convenio se incumple en 2010, pero ni Visocan ni el Gobierno de Canarias se acuerdan de presentar demanda alguna hasta que su partido, Coalición Canaria, abandonó la Alcaldía y entró un nuevo equipo, liderado por José Julián Mena, cinco años después. La demanda se presentó en 2017, con el nuevo equipo al frente.
De esta forma, el equipo que dirige el alcalde sale al paso del comunicado hecho público hoy por los nacionalistas, que acusan al gobierno municipal de no hacer “nada” frente a la situación que ellos mismos generaron. Desde este se replica a esta formación que ha hecho tres cosas en el Ayuntamiento: tratar de ganar los juicios de los que son responsables para no perjudicar a los ciudadanos; negociar, en el caso de Visocan, para que el gasto revierta en vivienda pública para el municipio, lo cual se ha conseguido; y, en tercer lugar, pagar los “platos rotos de Coalición Canaria”, ejecutando la sentencia.
Todo ello sin olvidar que las licencias que Coalición Canaria otorgó en el caso de Visocan en La Camella y en Guaza llevaban aparejados informes técnicos desfavorables. En el de Visocan, además, los servicios jurídicos advertían al entonces gobierno de un posible incumplimiento del convenio que podría acabar en indemnizaciones, hecho que el equipo de este partido ignoró.
Coalición Canaria se niega a pagar la condena en su contra
Sin embargo, CC de Arona “se ha permitido el lujo de desafiar a la justicia en la comisión informativa que debatía los créditos necesarios para pagar los fondos de las sentencias, votando en contra de ejecutar lo que han dictaminado los tribunales, lo que da cuenta de una irresponsabilidad supina, más allá de las consecuencias legales que de todo ello pueda derivarse”. “Lo peor -se agrega desde el gobierno municipal- es que, además, pagando esa indemnización a Visocan, en realidad, estaríamos invirtiendo en vivienda en Arona, que es el lo que este organismo se ha comprometido a hacer”.
Desde el gobierno municipal, además, se recuerda a los nacionalistas que no olviden que muchas de las licencias cuyos efectos han acabado por ser pagados por el Ayuntamiento han derivado, incluso, en causas penales que han finalizado en condenas firmes en contra de sus dirigentes, por lo que la nota hecha pública denota “cuanto menos un cinismo lamentable, por no hablar de falta de decencia”.