El Gobierno emplaza al PP y a los presidentes de Canarias y Ceuta para retomar las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Extranjería
Madrid.- El Gobierno de España ha extendido una invitación formal al portavoz del Partido Popular en el Congreso, así como a los presidentes de Canarias y Ceuta, para reanudar las negociaciones en torno a la modificación de la Ley de Extranjería. Esta reforma busca establecer un sistema regulado de acogida para menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional.
La propuesta ha sido presentada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien también preside la Comisión Interministerial de Inmigración. El ministro ha subrayado que, tras la remisión de una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha cumplido la última condición exigida por el Partido Popular para retomar las conversaciones.
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por alcanzar un acuerdo legislativo que regule la acogida de menores migrantes. Desde el inicio de la actual legislatura, se ha trabajado estrechamente con el Gobierno de Canarias en este tema, buscando soluciones integrales que respondan a la complejidad del fenómeno migratorio en el país.
El ministro Torres, encargado de liderar estos esfuerzos, destacó que la carta enviada a la Comisión Europea detalla las acciones coordinadas emprendidas por España en la gestión migratoria. Además, hizo un llamamiento a todas las partes implicadas para fijar una nueva fecha y retomar las conversaciones que permitan avanzar en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
El Gobierno insiste en la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva europea, basada en la atención humanitaria y en la protección de los más vulnerables, especialmente los menores no acompañados. Para ello, ha solicitado la cooperación de los actores involucrados, tanto a nivel estatal como regional, en la búsqueda de soluciones conjuntas que garanticen la atención adecuada a estos menores.
La voluntad del Ejecutivo es alcanzar un consenso que refuerce el enfoque humanitario de la política migratoria de España, alineado con los valores europeos de solidaridad y protección de los derechos humanos.
