Las Palmas de Gran Canaria.- El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha presentado alegaciones al proyecto de Orden de la Dirección General de Aviación Civil que propone privatizar los servicios de control de tránsito aéreo de los principales aeropuertos canarios, pidiendo la suspensión de la tramitación. El Ejecutivo regional busca que la decisión final sea la más adecuada al interés público y priorice la calidad y seguridad en el servicio de control aéreo de los aeródromos canarios.
Este proyecto de Orden de Aviación Civil pretende seleccionar nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo de siete aeródromos de toda España entre los que se encuentran los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, los de más tránsito en la Comunidad Autónoma con más de 1.331.000 viajeros el pasado mes de enero, el 70% de los pasajeros de todos los aeropuertos canarios.
La Consejería de Transportes recuerda que, según el artículo 161.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la participación en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general en los términos que determine la normativa estatal, por tratarse de redes esenciales para la conexión del territorio como región ultraperiférica. Por ello, y porque la externalización de los servicios de control de tránsito aéreo puede tener una gran incidencia en la seguridad y conectividad con las Islas Canarias y la movilidad entre las islas, que tan importante está siendo en la progresiva recuperación de la actividad económica y empleo del Archipiélago tras la crisis pandémica y la invasión de Ucrania, es por lo que la Consejería considera necesario solicitar la paralización de este proceso de privatización.
“Por todo ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto de Orden Ministerial, en el sentido que se tenga en cuenta el número y magnitud de los aeropuertos afectados por esta orden y la complejidad que los procesos de transición entre proveedores públicos y privados, deseamos manifestar nuestra disconformidad al proceso de liberalización de los servicios de control de tránsito aéreo en los aeropuertos de Canarias [los tres incluidos en la Orden] y ello en aras a los principios de seguridad y calidad del servicio y proponemos la suspensión de la tramitación del proyecto de orden”, solicita la alegación presentada. La Consejería añade en estas alegaciones que la solicitud de paralización se realiza no solo en base a las competencias estatutarias antes mencionadas, sino también para que la decisión final sea la más adecuada al interés público y priorice la calidad y seguridad en el servicio de control aéreo de los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria.
En estas alegaciones presentadas por la Consejería regional de Transportes queda de manifiesto que la apuesta de este Gobierno es por mantener el control público sobre las torres de estos tres aeropuertos. “En consecuencia, desde el Gobierno de Canarias no somos partidarios de unos servicios de control de tránsito aéreo fraccionados y privatizados, sino de unos servicios de interés general bajo gestión púbica y eficiente, para que siga contribuyendo de manera decisiva a los propósitos comunes de crecimiento económico y seguridad de las operaciones. Esto es lo que demandamos desde la Comunidad Autónoma de Canarias”, manifiesta la alegación.
El Gobierno canario apuesta por mantener al ente público ENAIRE, adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al frente de los centros de control del tránsito aéreo de los tres aeropuertos canarios afectados por su contrastada eficiencia y calidad, que ha sido reconocida incluso por varios organismos de la UE. “Por tanto, los niveles de calidad y seguridad en el tráfico aéreo en los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria quedan enormemente asegurados con la gestión que hasta momento está realizando ENAIRE sin que se hayan producido problemas de seguridad o afecten a la calidad de los servicios”, recoge la alegación.
