Las Palmas de Gran Canaria.- El Consejo de Gobierno, en su sesión de este jueves, 9 de enero de 2020, ha estudiado y elegido la nueva medida legal que permitirá la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales residentes en Canarias. Tras esa reunión, celebrada esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria, tanto el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, como la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, informaron de la solución jurídica elegida para eliminar el copago hasta que el nuevo Gobierno de España tome la decisión de adoptar la misma medida con aplicación en todo el país, algo que se prevé activar con premura por el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Tal y como se decidió hoy, la eliminación del copago farmacéutico de los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales se hará a través de un decreto ley autonómico que se aprobará en el Consejo de Gobierno previsto para el jueves 16 de enero. A través de ese decreto ley, se suspenderá ese copago farmacéutico de forma inmediata, una vez se publique la nueva norma en el BOC, lo que se prevé hacer al día siguiente.
Esta medida legal incluirá su aplicación con carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, lo que implica que las cantidades ya abonadas por sus medicamentos por el grupo de pensionistas beneficiarios se podrán recuperar.
El titular de Administraciones Públicas, la Consejería que asesora jurídicamente al Gobierno, afirmó hoy que la fórmula elegida para eliminar el copago farmacéutico es “jurídicamente defendible”, “inmediata” y “de tramitación y aplicación rápidas”. Julio Pérez también destacó en su intervención que “lleva aparejada con seguridad la retroactividad a 1 de enero de 2020”, y aseguró que “la vía de la subvención”, la aplicada en 2019 por el anterior Ejecutivo, “no parece la más adecuada”.
En su razonamiento, la consejera de Sanidad enumeró las anomalías e imperfecciones del decreto utilizado en 2019 para la convocatoria de una subvención, y defendió el modelo más seguro y apropiado que se empleará este año hasta que el Gobierno español termine con el copago en toda España.
Teresa Cruz agradeció la colaboración de los colegios profesionales de farmacéuticos de Canarias para la aplicación de la nueva medida, en este caso como entidades colaboradoras.
El futuro decreto ley se ha concebido como una “medida social y sanitaria” para la atención a las “personas más vulnerables” y bajo el principio de que la salud de los ciudadanos “no puede estar condicionada a tener o no tener ingresos” propios.
Teresa Cruz incidió en que la vía de la subvención “no es el procedimiento más adecuado” para eliminar el copago farmacéutico, como se hizo en 2019 vía decreto y sin entonces contar con los informes adecuados. También recordó que, en cualquier caso, si se hubiera optado por ese mismo método, se habría tenido que esperar a la aprobación y entrada en vigor de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.
Con esta medida legal, el Ejecutivo autonómico establecerá un nuevo ordenamiento jurídico que, a diferencia del Decreto 78/2019, de 6 de mayo del Gobierno de Canarias, no tendrá rango de subvención, de manera que eximirá a sus beneficiarios de las obligaciones que emanan de recibir tal subvención, como es la de presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2019 siempre que el incremento patrimonial del pensionista beneficiario sea superior a los 1.000 euros, a lo que en algunos casos pudo contribuir el modelo aplicado por el Ejecutivo canario anterior, el que rigió desde mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre del año pasado.
De igual forma, el mantenimiento de la modalidad de subvención como vía para garantizar la gratuidad de los medicamentos este 2020 hubiera podido excluir a algunos pensionistas de tal ayuda pública debido a cuestiones que poco o nada tienen que ver con una prescripción sanitaria de tratamiento o con el nivel de renta del perceptor, lo que podía ir en contra del acceso en condiciones de igualdad a los tratamientos sanitarios.
El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (del Estado), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, es el que hoy en día establece el régimen de gratuidad o copago de los medicamentos prescritos en el Servicio Nacional de Salud. Además, hay que recordar que la modificación de esa norma estatal, con el fin de eliminar la obligación del copago a los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año, es un compromiso asumido y anunciado por el ya presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
El Consejo aprueba iniciar los estudios para la creación de la Autoridad Canaria de la Competencia
El Consejo de Gobierno acordó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, iniciar los estudios para la creación de la Autoridad Canaria de la Competencia, en cumplimento con el mandato contenido en artículo 120 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 2018.
De hecho, la Ley Orgánica 1/2018 atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 120.1, “la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias” y, en el 120.2, “la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del Archipiélago”.
Además del reconocimiento legal de las nuevas atribuciones, el reciente Estatuto incluye, en el artículo 120.3, la “creación un órgano especializado de defensa de la competencia con jurisdicción en todo el Archipiélago, cuya actividad se coordinará con los previstos en el ámbito estatal y comunitario europeo”.
Esta propuesta tiene su base en el informe sobre los traspasos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno conforme al Estatuto de Autonomía, que abordó el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 14 de noviembre.
Con ello se pretende cumplir con un ineludible compromiso estatutario cuya materialización es aconsejable llevar a cabo en un plazo razonable, para dar respuesta a las relaciones de mercado en permanente cambio. Además, este acuerdo representa la firme voluntad de que el nuevo órgano esté en condiciones de hacer suyas las mejores prácticas seguidas por los organismos de supervisión y control en los ordenamientos más experimentados.
