Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno canario ha logrado este miércoles que el Parlamento de Canarias convalidara el Decreto Ley 3/202, de 17 de marzo, por el que se prorroga durante seis meses la habilitación del administrador único del ente Radio Televisión Canaria, con objeto de garantizar la continuidad en las actuales instalaciones de la gestión del servicio público de televisión autonómica y sus programas informativos, y de que se pueda reiniciar el procedimiento de contratación de un nuevo y completo sistema de equipamiento técnico.
Debido a que el último concurso público resultó desierto, y ante la falta de aprobación por el Parlamento de Canarias del Mandato Marco y el nombramiento de los órganos rectores de la RTVC, el Gobierno canario se ha visto obligado a aprobar otro decreto ley que habilite de nuevo, con carácter extraordinario y provisional, al administrador único, para retomar el procedimiento.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, encargado de defender la convalidación del decreto ley ante la Cámara, lo ha calificado, ciñéndose para ello al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, de necesario, justificado y adecuado a los parámetros normativos.
Según ha expuesto Julio Pérez, siguiendo también lo dicho por el Consejo Consultivo, la justificación del decreto está en que se trata de una situación nueva, sobrevenida y ajena a la voluntad del Gobierno, y, además, en la ausencia de cobertura jurídica para que el administrador único convoque una nueva licitación. Todo ello permite considerar, en opinión del Ejecutivo, que concurre el presupuesto habilitante.
Este decreto posibilita contratar el sistema de equipamiento, de forma conjunta o por separado, garantizando la necesaria participación de los operadores económicos del mercado en los procedimientos de licitación a tramitar.
Por otro lado, amplía la habilitación al administrador único para mantener el régimen provisional de afectación de los medios materiales disponibles actualmente hasta la definitiva implantación y funcionamiento del equipamiento de nueva contratación, con el fin de garantizar el mantenimiento del servicio.
El decreto aprobado confiere un plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la norma, para que se puedan iniciar todos los procedimientos necesarios para la sustitución del equipamiento existente, con lo que se resolverán los problemas de desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los equipos.
