El Gobierno de Canarias defiende las modificaciones urgentes de la Ley de Transporte Terrestre de 2007, mientras que Nueva Canarias critica que no se realice una reforma más profunda para resolver los problemas estructurales del sector
Santa Cruz de Tenerife.- El debate en torno a la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias sigue generando opiniones encontradas. Mientras que el Gobierno de Canarias, a través de su consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destaca la importancia del sector en la elaboración del decreto ley aprobado recientemente, Nueva Canarias (NC) ha mostrado su desconfianza respecto al compromiso del Ejecutivo para realizar una reforma profunda de esta normativa.
El Gobierno defiende el proceso y la implicación del sector
Durante la sesión parlamentaria, Pablo Rodríguez resaltó la participación activa del sector del transporte en la elaboración del decreto ley de modificación de la Ley 13/2007. Según el consejero, la convocatoria de la Mesa del Transporte, después de más de dos años sin reunirse, fue un paso fundamental para recoger las demandas del sector y adecuar la normativa a las exigencias del marco jurídico europeo. Rodríguez subrayó que la aprobación del decreto ley, respaldado por los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo de Canarias, ha contado con el apoyo de los cabildos y municipios del archipiélago.
El consejero también informó que, aunque la modificación actual es necesaria, el Gobierno está trabajando en una reforma más amplia y profunda que permitirá abordar los cambios estructurales que el sector demanda. El objetivo es garantizar una legislación eficaz y duradera, contando con el consenso de todos los agentes implicados.
Nueva Canarias exige una reforma más profunda y crítica el enfoque del Gobierno
Por su parte, Nueva Canarias (NC), a través de su portavoz parlamentaria en materia de movilidad, Esther González, expresó su desconfianza hacia el compromiso del Gobierno de realizar una reforma profunda de la ley del transporte. Durante el pleno parlamentario, González criticó que el decreto ley aprobado no atiende las demandas más urgentes del sector y acusó al Ejecutivo de anteponer intereses partidistas al rechazar la propuesta legislativa de NC para una actualización sustancial de la Ley de 2007.
González señaló que, aunque su formación coincidió con el Gobierno en la necesidad de suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) ante la avalancha de solicitudes, el resto de las modificaciones del decreto no eran urgentes. Según NC, estas modificaciones contradicen el acuerdo unánime de la Mesa del Transporte del pasado 19 de julio, que abogaba por iniciar de inmediato el debate para la tramitación de una reforma integral de la normativa.
El portavoz de NC advirtió que, en lugar de ofrecer soluciones de fondo, el Gobierno ha optado por aplicar «parches» a la ley en vigor, lo que no resolverá los problemas estructurales que enfrenta el sector. Además, recordó que existe un borrador elaborado en la pasada legislatura que ya contaba con el consenso de los agentes implicados y que, según su criterio, ha sido ignorado por el actual Gobierno.
El debate sobre la Ley de Transporte Terrestre de Canarias continúa siendo un punto de fricción entre el Gobierno de Canarias y Nueva Canarias. Mientras el Ejecutivo defiende las modificaciones realizadas como un paso necesario y respaldado por el sector, NC critica que estas reformas no aborden de manera suficiente los problemas estructurales de la ley y cuestiona la voluntad del Gobierno de realizar una actualización en profundidad. La discusión se mantiene abierta, y ambos lados coinciden en la necesidad de seguir trabajando para mejorar la movilidad en Canarias.
