La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo regional, Candelaria Delgado, mantuvo hoy una reunión de trabajo con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy
Madrid. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha mantenido hoy una reunión de trabajo en Madrid con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la que le ha trasladado la necesidad de que intermedien con las instituciones europeas para lograr la asignación de fondos europeos extraordinarios con el propósito de establecer una red de recursos estables destinados a la acogida y atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas Canarias a través de pateras y barcazas.
Candelaria Delgado ha destacado la necesidad de dotar al Archipiélago de infraestructuras permanentes dedicadas a los niños, niñas y adolescentes que migran solos y quedan bajo la tutela del Gobierno de Canarias. “En la actualidad, las islas albergan a un total de 4.500 menores no acompañados, y contamos con 66 centros para atender sus necesidades. Conscientes de que el fenómeno migratorio es estructural y no meramente coyuntural, nuestro objetivo prioritario es aumentar el número de instalaciones estables, habilitando una en cada isla, con una capacidad para acoger entre 100 y 150 migrantes en cada centro”, explicó la consejera.
Se estima que para poner en marcha cinco nuevos centros, se requerirá una inversión mínima de 16 millones de euros, según un análisis detallado de las necesidades y recursos necesarios para proporcionar instalaciones seguras y servicios esenciales para los menores migrantes.
Durante el encuentro se abordaron, además, diversos temas de gran relevancia para Canarias, consolidándose como puntos centrales de la agenda. Uno de ellos fue el complemento a las pensiones no contributivas que garantice que las familias que reciben estas pensiones no se vean perjudicadas. Para ello, se puso de manifiesto la necesidad de una modificación en la Ley de la Seguridad Social para explorar la posibilidad de realizar cambios normativos que permitan excluir el complemento establecido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía de los ingresos computables para las pensiones no contributivas.
