El exconcejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife enfrenta una petición de 12 años de inhabilitación por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos del Carnaval 2020, valorados en 227.000 euros
Santa Cruz de Tenerife.- La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de inhabilitación para Andrés Martín, exconcejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos relacionados con el Carnaval de 2020. Según el Ministerio Público, Martín habría fraccionado de manera indebida contratos por un total de 227.000 euros en 21 contratos menores, eludiendo así los procedimientos legales establecidos para contrataciones de mayor cantidad.
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los eventos más emblemáticos de la isla, atrayendo millas de visitantes y generando un impacto económico significativo. La organización de este evento requiere una planificación meticulosa y el cumplimiento estricto de las normativas de contratación pública para garantizar la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos.
La acusación de la Fiscalía se centra en que el exconcejal, al fraccionar los contratos, habría facilitado adjudicaciones directas, evitando la concurrencia competitiva y la publicidad que exigen los contratos de mayor cuantía. Esta práctica podría constituir un delito de prevaricación administrativa, que implica dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión de eventos públicos de gran envergadura. La ciudadanía y las instituciones deben permanecer vigilantes para asegurar que los procedimientos administrativos se realicen conforme a la ley, garantizando así la confianza en las administraciones públicas y en la correcta utilización de los fondos públicos.
El juicio está programado para el 15 de enero en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. De ser hallado culpable, Martín se enfrentaría a una inhabilitación que le impediría ejercer cargos públicos durante el período establecido, lo que tendría implicaciones significativas para su carrera política y para la percepción pública de la gestión municipal en eventos de gran relevancia como el Carnaval.
Este proceso judicial servirá como referencia para futuras actuaciones administrativas, subrayando la necesidad de adherirse estrictamente a las normativas de contratación pública y de mantener altos estándares de integridad en la gestión de recursos destinados a eventos culturales y festivos.
