Delgado informa al Consejo de Gobierno de la “situación extremadamente crítica” en que se encuentra la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias derivada del gasto de los centros de acogida
Las Palmas de Gran Canaria.- La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó hoy al Consejo de Gobierno de la “situación extremadamente crítica” en la que se encuentra la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias como consecuencia del agotamiento de los fondos dedicados a los centros de acogida de menores migrantes no acompañados.
“Nos hallamos en una situación extremadamente crítica y preocupante. Estamos haciendo todo lo posible y más para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias arriesgando sus vidas y que no cuentan con apoyos familiares. Pero nos encontramos en una situación límite”, indicó la titular del área en el transcurso de la reunión del Ejecutivo autonómico.
“En estos momentos, la previsión de gasto para atender durante todo el año a los 5.524 menores que tutelamos asciende a 156 millones de euros. De esa cantidad, la previsión es que el Gobierno central aporte 72 millones, que aún no han llegado. Y aún así existiría un déficit de financiación de 84 millones de euros”, insistió Delgado, quien puntualizó que en estas previsiones de gasto no están incluidas las aportaciones que hacen otras consejerías, como Sanidad y Educación.
La consejera de Bienestar Social afirmó que la previsión de llegada de embarcaciones incrementará la cifra de niños, niñas y adolescentes que necesitarán protección. “A ello -añadió- hay que sumar que las entidades con las que trabajamos están teniendo problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos alojativos adecuados disponibles”.
En su intervención, Delgado explicó que Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la atención a estos menores, “no solo porque las competencias en materia de infancia no fueron diseñadas para una situación de este tipo, sino porque ninguna comunidad autónoma puede garantizar la atención y la integración de estos menores sin ayuda real del Estado”.
El presupuesto de la Dirección general de Protección a la Infancia y las Familias para 2024 es de 153 millones de euros y la previsión de gasto para atender a menores extranjeros es de 156 millones de euros.
“Por eso, la protección de estos menores debe ser un asunto de Estado”, aseveró la consejera, que recordó que en el archipiélago hay 80 centros abiertos, más del doble que cuando empezó la legislatura.
“Es urgente que alcancemos el acuerdo con el Estado para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Confiamos en que así sea, pero con independencia de ese acuerdo y de su materialización, que no será inmediata, necesitamos recursos económicos ya para poder atender en condiciones a estos menores”, dijo Delgado. La consejera matizó que solo 16 de los 339 menores migrantes cuyo traslado fue acordado en la Conferencia Sectorial celebrada en octubre del año pasado han sido derivados a la Península.
“Estos niños y niñas son nuestra responsabilidad. No podemos dejarlos solos. No puede Canarias, no puede España y no puede Europa. Pero necesitamos ayuda y la necesitamos ya, ahora”, concluyó la consejera de Bienestar Social.
