La Autoridad del Transporte de Gran Canaria abre expediente a la concesionaria por deficiencias graves en la gestión de tarjetas de guaguas que afectan a miles de usuarios
Gran Canaria.- La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria ha abierto un expediente de penalización a la empresa responsable del contrato de gestión de sistemas inteligentes de transporte en la isla, por graves incumplimientos en la prestación del servicio. La concesionaria dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones antes de la posible imposición de una sanción que podría superar 1,2 millones de euros.
El contrato afectado abarca la gestión de las tarjetas de transporte utilizadas por los usuarios de las guaguas en Gran Canaria, así como los sistemas de información y control relacionados. Las deficiencias detectadas han provocado retrasos generalizados en la expedición de tarjetas, con perjuicios directos en la experiencia y movilidad de los viajeros.
Un servicio esencial con graves deficiencias operativas
Entre los incumplimientos señalados se encuentra la puesta en compromiso del sistema estratégico de movilidad de la isla, cuyas infraestructuras están integradas en un proyecto global. Esta situación ha derivado en una pérdida de eficiencia, calidad y fiabilidad del servicio público.
Asimismo, se indica que la afección directa al funcionamiento del sistema de transporte ha tenido repercusiones inmediatas sobre un número considerable de usuarios, comprometiendo la continuidad y calidad del servicio prestado.
Posibles penalizaciones por falta de rendimiento
La posible sanción se basa en lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y en el pliego de condiciones administrativas que rige el contrato. En concreto, se contemplan faltas muy graves como la notoria falta de rendimiento, la prestación defectuosa del servicio y la negativa a realizar tareas ordenadas formalmente.
Además, se menciona el retraso o suspensión en la ejecución del contrato por periodos iguales o superiores a quince días, lo que agrava aún más la situación contractual de la concesionaria.
La Autoridad del Transporte mantiene abierto el procedimiento y evaluará las alegaciones antes de determinar las consecuencias contractuales definitivas.
