Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias (NC) en materia económica, Esther González, propuso hoy el establecimiento de un protocolo para garantizar el anonimato de las denuncias tributarias en las islas. González defendió además el desarrollo de una importante política de información y concienciación sobre las obligaciones fiscales de las personas y de las empresas que, junto con la mejora de los medios humanos y técnicos de la Agencia Tributaria Canaria (ATC), contribuya a garantizar la justicia social al combatir el fraude y colaborar al sostenimiento de los servicios públicos esenciales.
En el pleno que comienza el próximo jueves, la diputada de los nacionalistas progresistas, en la sesión de control al Gobierno; preguntará al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, por las medidas estudiadas para aumentar la eficacia recaudatoria en Canarias.
Nueva Canarias, tal y como recordó Esther González, en relación con el fraude fiscal ha defendido siempre la necesidad de que el Gobierno canario incrementara la inspección tributaria, además de la laboral, en el ámbito de sus competencias (los tributos cedidos, los del Régimen Económico y Fiscal y los propios).
Una posición que, en el Legislativo y en tareas de la oposición, agregó la portavoz económica, siempre se ha traducido en la presentación de enmiendas parciales a los proyectos de ley presupuestarios para aumentar los recursos destinados a combatir el fraude, para lo que “confiamos” en el papel de la ATC, especificó.
En la primera ley presupuestaria del Ejecutivo de progreso que se aprobará esta semana, González indicó que la Consejería de Hacienda ha aumentado las partidas de la agencia tributaria para 2020 en un 9% con respecto a 2019. La cantidad total disponible asciende a 51 millones de euros, precisó. Una decisión complementada con una enmienda parcial al articulado, incluida en el dictamen del proyecto de ley, para que el 0,5% de la recaudación se emplee en la financiación de las actividades de la citada agencia (gastos corrientes e inversiones).
Para la portavoz nacionalista, los recursos humanos y económicos dedicados a perseguir el fraude son una inversión “positiva por motivos de justicia social”. González hizo hincapié en que “dispondremos de más ingresos para los servicios públicos y las inversiones necesarias para mejorar” la calidad de vida de los canarios.
Las previsiones de los técnicos, según NC, indican que las arcas canarias dejan de ingresar, por motivos tributarios, un 26% del PIB anual. Con datos de 2018 y un Producto Interior Bruto de 46.029 millones de euros, el fraude estimado se acerca a los 12.000 millones de euros.
Mejorar el cuerpo de inspectores, el resto del personal técnico y los sistemas informáticos de la ATC, en su opinión, son decisiones que Román Rodríguez debe barajar. Pero, para Esther González, hay otras medidas complementarias a analizar e implantar.
La primera, tal y como explicó, la fijación de un protocolo para garantizar el anonimato de las denuncias tributarias al estilo de lo aprobado recientemente en la Unión Europea (UE) para el ámbito laboral. En breve, las compañías de más de 50 trabajadores o con una facturación anual de más de 10 millones de euros, explicó la portavoz, van a estar obligadas a tener un canal de denuncias internas y un protocolo que asegure la confidencialidad y la tramitación diligente de la alerta.
Después de años de tramitación, González dijo que la UE acaba de aprobar esta directiva que protege a los denunciantes de corrupción tanto en el sector público como en el privado. Los estados miembros tienen dos años para trasponerla a su legislación.
Para esta diputada hay un segundo trabajo, “tan importante como el anterior”, relacionado con la necesidad de crear una “conciencia favorable” entre los contribuyentes y las empresas, mediante potentes campañas de información, para asumir que “todos debemos contribuir, en la medida que nos corresponde, a mantener y mejorar la calidad” de los servicios sanitarios, educativos y sociales, prioritariamente.
Tras el primer paso dado por el cuatripartito con la revisión fiscal que entrará en vigor el próximo año para comenzar a “avanzar” hacia un modelo progresivo, “en el que paga más quien más gana”, la lucha contra el fraude, en opinión de Esther González, está “más que justificada por motivos de justicia social”.
