Sumario:
- Espino reprocha al Gobierno que siga excluyendo a los afectados del volcán de la reconstrucción de La Palma.
- Vidina Espino acusa al Gobierno de presentar un plan en contra de las escuelas infantiles privadas.
Vidina Espino reprocha al Gobierno que siga excluyendo a los afectados del volcán de la reconstrucción de La Palma
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha cumplido el compromiso que dio a los afectados por el volcán de La Palma en su visita a la Isla a principios de este mes y, como en el decreto para la reconstrucción de viviendas no se han tenido en cuenta las demandas de los damnificados porque no se permite su tramitación como proyecto de ley, no lo ha convalidado y se ha abstenido. “Vulnera el derecho de participación de los afectados”, ha insistido.
La diputada ha explicado que se trata de un decreto de límites porque lo que hace es limitar la reconstrucción a los municipios afectados y deja fuera la realidad que padecen los afectados. Por ese motivo, ha exigido su tramitación como proyecto de ley, que es lo que han pedido los vecinos, asociaciones y plataformas a los distintos grupos parlamentarios porque es así como se podrán hacer los cambios necesarios que atiendan y tengan en cuenta las demandas justas de estas personas que, en muchos casos, lo han perdido todo.
La portavoz ha recriminado al Gobierno que practique “políticas propias de finales siglo XVIII” del despotismo ilustrado. “Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Todo para los palmeros pero sin los palmeros”. Espino no ve ningún tipo de justificación en que se tomen decisiones sobre el futuro de estas familias daminificadas por el volcán, en los despachos y alejados de las reclamaciones de los damnificados.
También considera “inaceptable” que para la elaboración de este decreto no se haya consultado con la Plataforma de Afectados, con la Asociación Volcán de Cumbre Vieja, ni con ninguna de las organizaciones de vecinos. Lo grave no es solo que no se les consultara, sino que ni si quiera se les informara de lo que iban a hacer y que tuvieran que enterarse del decreto por los medios de comunicación, una vez aprobado”.
La portavoz ha advertido que, con este decreto, el Gobierno vulnera varias leyes que obligan a la administración a la participación de los ciudadanos en normativas que afectan al suelo y el urbanismo. “Ustedes, los que mandan, no quieren que se oiga la voz de los palmeros, como pudimos comprobrar en el último pleno cuando a falta de 30 segundos se decidió cortar la emisión de un vídeo donde los propios afectados hacían públicas sus demandas.
Este decreto deja fuera a municipios no afectados por el volcán cuando muchos de ellos pueden tener terrenos en otras partes de la Isla con lo que esta delimitación territorial “supone un bloqueo para que puedan construir su vivienda y rehacer sus vidas”. Por tanto, la reconstrucción no se puede limitar a los municipios afectados sino hacer extensiva a toda la Isla, ha señalado. En ningún caso, los términos municipales deben de suponer una limitación a los derechos de los afectados y “menos cuando se trata del derecho de acceso a la vivienda, derecho constitucional garantizado en el articulo 47 de nuestra constitución”.
Otra limitación del decreto, a la que se ha referido Espino es que solo tiene en cuenta la vivienda habitual, cuando hay unas 1600 viviendas afectadas con lo que si se restringe únicamente a esa vivienda habitual, se quedarían en 600 viviendas, las que se pueden reconstruir. ¿Por qué no han contemplado las viviendas turísticas, de alquiler o de turismo rural que tan importante son para la economía de La Palma?, ha preguntado.
En relación a los plazos, no se le pone ninguno a la administración para realizar las permutas pero sí a los afectados a los que se establece un plazo máximo de 18 meses para la presentación de solicitudes y proyectos. “Son personas que acaban de perderlo todo, no tienen recursos económicos, deben empezar de cero y orientarse nuevamente”, ha recordado la diputada.
Vidina Espino acusa al Gobierno de presentar un plan en contra de las escuelas infantiles privadas
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento, Vidina Espino, sigue sin entender por qué el Gobierno de Canarias, que presume de ser feminista, hace política en contra de las mujeres emprendedoras que dan trabajo a otras mujeres. «Cargarse las escuelas infantiles privadas porque quienes están al frente de este sector de nuestra economía son mujeres no es luchar por ellas», ha denunciado la diputada.
Para Espino este plan hay que revisarlo porque «lejos de querer colaborar con estas escuelas, que han venido ofreciendo este servicio para cubrir el déficit de plazas en muchos municipios, lo que están haciendo es ir en su contra». Ha insistido en que son empresas que «han puesto en marcha mujeres emprendedoras y luchadoras» y ha sido muy clara al decir que «si se tratara de un sector liderado por hombres, a ningún gobierno se le ocurriría plantear una estrategia que perjudicara y fuera en contra de su supervivencia».
La diputada ha reclamado más plazas públicas y compatibles con las escuelas infantiles privadas ya existentes y ha incidido en la necesidad de que el Gobierno apoye más a las familias para que puedan acceder a ellas porque en Canarias todavía tenemos que escolarizar al 80 por ciento de los niños de 0 a 3 años. Un aspecto importante que ha destacado Espino es que estas escuelas cuentan con un horario más amplio que muchas familias necesitan para poder conciliar.
Para la portavoz este plan «no garantiza la igualdad de oportunidades de los niños canarios en todos los municipios ni tampoco en relación al resto de niños de otras comunidades». El objetivo de llegar al 40 por ciento de escolarización en 2025 es insuficiente – ha dicho- y «nos mantiene alejados de la media nacional», porque que hay comunidades que ya lo superan y seguirán avanzando en esta materia.
Un dato que la diputada ha calificado como «preocupante» es que en el curso 2020-2021 apenas se escolarizó al 23 por ciento de los niños de 0 a 3 años, quedando vacante 910 plazas, casi un 7 por ciento de las disponibles. «Habría que valorar las dificultades de las familias para hacer frente al coste que les supone esta escolarización o no disponer de plazas cerca de sus municipios».
También ha advertido de la intención del gobierno de implantar solo el tercer curso del primer ciclo de educación infantil en centros públicos porque incumple la normativa vigente que exige respetar la globalidad de la etapa y que los centros que la impartan lo hagan en su totalidad. A la portavoz le sorprende que en el plan tampoco se mencione que haya seis escuelas del Plan Educa3 de Zapatero que llevan una década cerradas en Arucas, San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La Palma, Santiago del Teide, Fasnia y Garachico. Vidina Espino ha propuesto aprovechar estos espacios, que son más plazas públicas, donde sí se pueden impartir todos estos ciclos.
