Santa Cruz de Tenerife.- La diputada del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha iniciado el nuevo periodo de sesiones con la presentación de 25 enmiendas al proyecto de ley de renta ciudadana, una medida que el Gobierno lleva anunciando hace ya casi tres años y que sigue sin ponerse en marcha. Con estas correcciones, Espino propone subsanar muchas de las carencias y fallos para que realmente los ciudadanos se puedan beneficiar de una ley útil, efectiva y que ofrezca oportunidades reales para salir de la pobreza. «No podemos seguir poniendo más burocracia ni más palos en las ruedas a todos aquellas personas que necesitan esta ayuda».
La diputada ha resaltado que la renta ciudadana es un derecho que recoge nuestro Estatuto de Autonomía y va a ser la ley más importante que vamos a aprobar en este nuevo periodo de sesiones porque «con ella se quiere dar respuesta a muchas personas que lo están pasando mal». Espino ha recordado que, sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital no ha sido capaz de responder a la gran necesidad que hay en Canarias. «Ha sido un fiasco para muchas familias vulnerables ya que 8 de cada 10 solicitudes presentadas en las Islas han sido rechazadas».
Para la diputada el proyecto de ley que presentó el Gobierno en el Parlamento está hecho a medida del propio Gobierno, no a la medida de los ciudadanos que necesitan esta ayuda. Por eso, espera que las enmiendas que ha presentado sean incorporadas porque «son mejoras que sitúan a las personas en el centro de esta medida tan necesaria». Entre esas propuestas, Espino ha pedido que se reduzca la burocracia de los trámites y que se recorte a dos meses el tiempo máximo de respuesta. «El Gobierno no puede tardar cuatro meses en contestar, un plazo mayor incluso que para las ayudas que ya tenemos».
Silencio administrativo
Otra cuestión clave en la que Vidina Espino ha centrado estas correcciones es el silencio administrativo. «No puede ser que si la administración no responde en ese plazo, el silencio administrativo suponga que la solicitud de renta está desestimada», ha señalado para proponer que sea al contrario y que si no se da respuesta al ciudadano en una situación de vulnerabilidad se vea como estimada y no como desestimada. «Sobre todo si tenemos en cuenta cómo funciona la administración con esperas de dos años para el caso de las pensiones no contributivas.
En el caso de las resoluciones, la diputada ha pedido mayor transparencia y que sea obligatorio notificar por qué son favorables o desfavorables, incluyendo los motivos; todo ello con el fin de que los ciudadanos puedan corregir o alegar lo que consideren necesario y puedan acceder a esa ayuda. «No podemos olvidar que estamos ante situaciones de vida complicadas de personas que no tienen ningún tipo de ingreso».
Revisión de la situación
Otra necesidad es que se garanticen los mecanismos para que realmente se beneficien de esta renta quienes verdaderamente la necesiten. Para ello propone que la situación de los solicitantes se revise cada nueve meses para saber si le sigue correspondiendo o no. También que la renta esté vinculada al acceso a la formación y a programas de inserción social para que las personas puedan salir de esa situación de exclusión social y no se cronifique.
Un aspecto importante es que no se pierda el derecho a la renta, como pretende la ley, por el hecho de que algún miembro de la unidad de convivencia tenga que desplazarse fuera de Canarias durante un plazo de tiempo largo por cuestiones de enfermedad o de estudios. Espino también ha insistido en evitar la burocracia y los trámites engorrosos tales como tener que solicitar el ingreso mínimo vital como paso previo, si no se cumplen los requisitos. Para ello, ha propuesto que sea la propia administración, a través de sus cauces internos, la que pueda obtener la documentación y que no se deniegue este ayuda a las personas que no lo han podido acreditar por motivos burocráticos.
La diputada ha puesto especial interés en que la ley ponga en valor la figura del trabajador y trabajadora social, como especialista en la materia y en la atención a las familias porque de esta forma se garantizará que su aplicación y desarrollo será lo más efectiva posible.
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