Sumario:
- Espino advierte a Franquis que el retraso en el plan provoca que cada vez más personas esperen por una vivienda.
- Espino advierte a Santana que está negando a los canarios el derecho que tienen a recibir servicios y prestaciones sociales.
Espino advierte a Franquis que el retraso en el plan provoca que cada vez más personas esperen por una vivienda
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha advertido al consejero Sebastián Franquis que el retraso en la ejecución del Plan está generando que aumente el número de personas demandantes de una vivienda en Canarias que, según datos del registro público de noviembre de 2019, ascendía a 17.023.
La diputada ha preguntado si, tres años después, conoce cuál es la cifra exacta, teniendo en cuenta que informes recientes como el de Cáritas confirman que la pobreza en las Islas ha aumentado hasta en un 20 por ciento, con lo que parece lógico que también haya aumentado el número de personas que esperan por una vivienda pública, principalmente en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Telde y La Laguna. Respondiendo a la pregunta de la portavoz, el consejero ha confirmado que son 20.174 las personas registradas a la espera de una vivienda.
Espino también se ha referido a los datos del Consejo General del Poder Judicial que señalan que, durante el pasado año en Canarias, se ejecutaron 500 desahucios y solo en el primer trimestre de este año, son ya 139 familias las que han perdido su vivienda porque no pueden hacer frente a su hipoteca o a un alquiler. «Señor Franquis, el drama de la vivienda continua», le ha recordado.
La diputada también ha lamentado que, después de que en diciembre de 2020 todas las fuerzas políticas en el Parlamento aprobasen el Plan de Vivienda de Canarias, este avance muy lento y «solo haya anuncios y no, la entrega de viviendas». Ante este panorama ha pedido a Franquis que no se escude en la falta de suelo para justificar el retraso porque «hace solo unos días, los alcaldes de las cuatro grandes ciudades canarias solicitaron al Gobierno que les entregara los fondos y les permitirera gestionar el proceso de la construcción de vivienda pública.
Vidina Espino le ha aclarado al consejero que tanto el Instituto Canario de la Vivienda como la empresa pública de promoción de viviendas protegidas Visocan disponen de suelo en muchos municipios de Canarias y, concretamente, en Gran Canaria, el Gobierno tiene suelo desde 2019 en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana y en San Bartolomé de Tirajana. En el caso de esta Isla, a la diputada le preocupa «la demanda brutal que hay en la capital» con una gran diferencia en relación a cualquier otro municipio de Canarias.
«Estamos hablando de 3.717 demandantes en 2019, un dato que se habrá incrementado», ha apuntado Espino. «Hace nueve meses, ustedes anunciaban la licitación de varios proyectos para empezar a construir las 200 primeras viviendas de las 600 nuevas que contempla el Plan para Las Palmas de Gran Canaria de aquí a 2025». Para la portavoz, nace cojo, «como ya advertí en su proceso de tramitación, porque si solo se van a construir 600 viviendas, 3.117 personas no van a tener casa en este plan».
Espino también ha lamentado que no se esté avanzando en otras líneas de trabajo como por ejemplo la bolsa de vivienda vacía que el Gobierno ha tardado un año y medio en poner en marcha. La diputada ha preguntado cuántas han ofrecido para que sean puestas en alquiler a precio razonable y también se ha interesado en la colaboración público-privada para la construcción de vivienda de protección oficial para alquileres asequibles y cuántos proyectos se han puesto en marcha.
Espino advierte a Santana que está negando a los canarios el derecho que tienen a recibir servicios y prestaciones sociales
La portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha advertido a la consejera Noemí Santana que con su «desastrosa gestión» está negando a los canarios el derecho que tienen a recibir servicios y prestaciones sociales. La diputada le ha reprochado que siga retrasando la aprobación del catálogo por la que «llevamos 36 meses esperando» y que ahora anuncie que no estará este año, como había prometido, sino antes de que finalice la legislatura para lo que todavía queda un año más. «Se tarda más en aprobar un catálogo que una ley», ha lamentado Espino.
Durante su intervención en el Pleno celebrado esta semana, la portavoz ha recordado que la ley no puede funcionar correctamente si no existe ese catálogo que determina cuáles son las competencias de cada administración y si no se asigna una ficha financiera. «Es normal que los ayuntamientos no quieran asumir competencias ni la prestación de servicios si el Gobierno de Canarias no los piensa financiar», ha aclarado. Ante esa situación, le ha reclamado, como también lo ha hecho el Colegio de Trabajadores Sociales, que aporte «una ficha financiera que tampoco existe».
Vidina Espino ha pedido también a Santana que concrete cuáles son las medidas que se han aceptado para incluir en el catálogo, porque la consejera habla de 600 alegaciones pero en la página web de Derechos Sociales apenas figura una decena, lo que ya es falta de transparencia. «Los derechos de los canarios no están garantizados porque usted haya cambiado el nombre a la Consejería», le ha insistido la diputada que ha recordado que «la ciudadanía ya conoce a esta Consejería como la de Estafa Social y el catálogo es solo un ejemplo de esa gestión desastrosa».
La portavoz del Grupo Mixto ha pedido que se escuche realmente al tercer sector y a los colegios profesionales, que se tengan en cuenta sus aportaciones y que se saque adelante sin más demora este catálogo, de cuyo retraso también ha advertido la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En su Índice de desarrollo de los servicios sociales de 2021, hecho público ayer recalca que «Canarias sigue sin desarrollar su Ley y adolece de planificación estratégica».
