Los cambios demográficos de la población, junto al gran incremento de las tasas de dependencia de los países desarrollados, y los generados en el contexto sociocultural, se han producido de modo tan rápido e intenso que, hoy en día, el hecho de que haya muchos mayores y pocos jóvenes presenta unas consecuencias sociales importantes, que hasta ahora a desbordado a muchos gobiernos.
El modelo tradicional y familiar de provisión informal de servicios a los mayores por parte de las mujeres ha cambiado. Los nuevos patrones familiares, entre otros, están caracterizados por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el descenso de la tasa de nupcialidad y la mayor movilidad humana, lo que plantea una creciente segregación de la vejez, que se demuestra en los estados de soledad, escaso apoyo social y aislamiento residencial.
España está sufriendo un proceso de envejecimiento demográfico mucho más rápido que otros países de la Unión Europea. Las previsiones futuras señalan un crecimiento del subgrupo de mayores de 80 años denominado ‘sobreenvejecimiento’ y sugieren que la tasa de dependencia aumentará en los próximos años. Este serio desafío a la sociedad requiere una reflexión sobre el rol del cuidador de la persona mayor y la influencia de los cambios constantes en los sistemas de servicios sociales y sanidad.
Nuestro país presenta una situación y unas perspectivas particularmente críticas, dado que la población mayor de 65 años representa actualmente el 16,9% de la población total (en Canarias el 16,54%), proporción que aumentará paulatinamente hasta llegar al 36,8% en el 2049, el 18,2% serán mayores de 75 años, y el 11,8% serán mayores de 80 años, lo que significa que uno de cada tres mayores tendrá más de 80 años. De hecho, ocupamos el quinto lugar entre los países con un índice de dependencia de mayores más alto tras Japón, Macao (región autónoma de la costa sur de China), Corea del Sur e Italia, los más envejecidos del mundo.
El 35,8% de todas las personas mayores de 65 años en situación de dependencias conviven en: hogares multigeneracionales (es el más frecuente, el 37,7% es una hija casada y sus hijos), unipersonales (el 19,2%, tras el fallecimiento del cónyuge), y otros tipos de convivencia como es con una empleada doméstica, pariente o residencia (1,8% en los mayores de 85 años se eleva al 5,8% de los casos).
El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de mayores españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- se sitúan en 19.819 personas con COVID-19 o síntomas similares ( en Canarias, 19). La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían a un 68,32 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos de la pandemia de coronavirus, su personal se vio sobrepasado, sin recursos para la atención médica en los centros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes en estos centros.
El envejecimiento de la población precisa de una mayor sensibilidad y compromiso ético y moral para garantizar un marco de calidad de los servicios y prestaciones. Esto pasa inexorablemente por fortalecer los servicios de inspección que garanticen, controlen y comprueben el conjunto del catálogo de servicios y prestaciones. Se requiere acabar con ‘guardar a personas’, las macroresidencias pueden ser un claro ejemplo. Es necesario terminar con los políticos ‘plañideras’, que se limitan a lamentarse en medios de comunicación, actuando sólo de cara a la galería. No ‘basta’ lamentarse en una Sociedad Desarrollada como la nuestra ante las desgracias ocurridas a usuarios en servicios y prestaciones por una atención en algunos casos más que cuestionable como el caso de la residencia de mayores de Barcelona.
Los hechos son los que son, las prioridades de unos y otros, también. Ha llegado el momento de hacer balance, y lo cierto es que esta emergencia sanitaria está poniendo al descubierto la debilidad del sistema de servicios sociales y la falta de una atención de manera coordinada y estable para las personas que presentan, al tiempo o de manera sucesiva, necesidades, mutuamente interrelacionadas, de tipo social y sanitario. Resulta incomprensible que la única prestación sanitaria cuando enfermamos fuera la hospitalización. Sin embargo el conjunto de la sociedad ha normalizado que al envejecer la única respuesta a la demanda social de una alternativa convivencial sea la institucionalización.
Los sistemas de servicios sociales y sanitarios en España han evolucionado a diferente ritmo y han tenido trayectorias desiguales. La pandemia por el coronavirus dejó al descubierto las debilidades de ambos sistemas especialmente la fragilidad del social. Así lo ponen de manifiesto las declaraciones del Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro que sostiene, “en el futuro , no deberíamos tener residencias de ancianos”; La FED (Federación Española de Empresas de Dependencia)denuncia la grave discriminación de las residencias en los protocolos de actuación por el covid-19 de Sanidad; La Fiscalía General del Estado mantiene 178 diligencias civiles y otras 228 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias; la causa judicial abierta a un par de auxiliares por difundir en las redes sociales los malos tratos a una anciana en una residencia de ancianos en la localidad barcelonesa de Tarrasa; intersindical Canarias denuncia la nefasta gestión del Cabildo de Gran Canaria en la crisis COVID 19 de El Sabina y tantos casos más.
En el último cuarto de siglo esta CA ha adolecido de una planificación ordenada y prospectiva de los objetivos, estrategias políticas y directrices a seguir en el sistema público de servicios sociales. A esta circunstancia, ya de por sí grave, es necesario añadirle la falta de una definición de los criterios de despliegue de dicho sistema público y una distribución geográfica de los servicios y prestaciones necesarios para garantizar una implantación homogénea de los recursos en todo el territorio autonómico y hacer efectivo el derecho a los servicios sociales declarado en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Para muestra un botón: después de casi 14 años de entrar en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, esta CA no haya aprobado un plan para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La respuesta social de la administración pública competente se ha dirigido fundamentalmente a la creación de plazas, a destiempo e insuficientes, que ahora se está cuestionando si no ha puesto en una situación de desamparo a nuestros mayores, no tanto, desde la atención social sino sanitaria y emocional.
Decía el psicólogo estadounidense, Abraham Maslow conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, ‘Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo’. Por ello, apremia que se haga una oferta suficiente y diversa de recursos que permita, a un colectivo cada vez más numeroso y heterogéneo, ganar vida a los años y no años a la vida.
María Teresa Cruz Oval Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.
