Santa Cruz de Tenerife.- El organismo autónomo, según dicta la ley orgánica 37/2007 del 22 de marzo, debe adaptar los puestos a las trabajadoras embarazadas. Esto se debe a que el trabajo en hospitales y centros de menores comprende funciones que no pueden realizarse por parte de las mujeres embarazadas debido a la peligrosidad que suponen, tanto para la madre como para el feto. Por ello, Inspección de trabajo establece que, para evitar el riesgo, se deben adaptar los puestos a otros con tareas que sean seguras para ellas y, en caso de que esos puestos no existiesen, establece que la mutua tiene la responsabilidad de asumir la baja laboral.
La Ley orgánica de 2007 se estableció para que la igualdad efectiva exista, en todos los ámbitos laborales, en todas las empresas públicas y privadas, pero el IASS falló sistemáticamente en cumplirla desde su inicio, por lo que en 2011 CCOO interpuso una demanda ante inspección de trabajo, cuya resolución requería al organismo autónomo que adaptara los puestos de trabajo en cuanto una trabajadora comunicara su embarazo.
Desde el momento de la denuncia, hasta ahora, de nuevo el IASS ha fallado sistemáticamente en cumplir con este requerimiento por la conjunción de dos circunstancias. Por un lado, por la desidia de los mandos del organismo (gerentes jefes de recursos humanos, jefes de personal, directores, coordinadores y técnicos de prevención de riesgo) a buscar alternativas para adaptar los puestos a las embarazas. Por otro, porque la mutua no le concede la baja a las trabajadoras embarazadas. Así que, las embarazadas acaban en un limbo, y la única alternativa que les da el IASS es tenerlas recluidas en un despacho inhabilitado sin permitirles que trabajen. De esta manera, se aseguran de que no corran riesgos sin tener que esforzarse en cumplir con la ley como realmente debe cumplirse.
La denuncia y los intentos constantes de CCOO por resolver esta situación acaban siempre en saco roto porque la empresa no tiene voluntad y no muestra ninguna intención efectiva de solucionar la problemática, escudándose siempre en excusas que no son ciertas, como que no hay tareas que darles. Tareas hay, porque siempre hay tareas administrativas que ellas pueden realizar y, cuando se les argumenta esto, se quedan sin respuestas, utilizando la estrategia de dilatar el tiempo para acallarnos con promesas que no llegan y con compromisos y supuestas buenas intenciones que nunca se convierten en medidas efectivas. Fallan en su tarea organizativa, pero consiguen apaciguar los ánimos, una estrategia propia de quienes no tienen espíritu de compromiso, lo que supone una enorme hipocresía respecto a la imagen pública que dan.
El IASS, perteneciente al Cabildo de Tenerife, promueve de cara al público su compromiso con la mujer y con la igualdad, pero la realidad es que eso luego, en el caso de este organismo, no sucede. No existe una comisión ni un observatorio de igualdad que sacarían a relucir la amplia dimensión de las injusticias y la discriminación que existe hacia las mujeres que trabajan en el organismo, y los altos cargos no realizan el trabajo que deben realizar para que esas consignas que lanzan con orgullo en actos públicos y campañas publicitarias se conviertan en medidas reales. Las buenas intenciones no significan nada si no van acompañados de una responsabilidad y un compromiso por parte de quien los emite, y es indignante que el Cabildo no sea un ejemplo social de responsabilidad y de igualdad efectivo.
En el IASS se discrimina y se denigra a las trabajadoras embarazadas y, por extensión, a las mujeres como colectivo, y en pleno 2020 es impensable que un organismo de tal envergadura no tenga la capacidad logística y administrativa para solucionar un problema que cualquiera de las personas que son testigo de esto, sabría solucionar porque los medios para hacerlo están disponibles. La única razón por la que esto sucede es el desinterés que muestra el organismo y la poca importancia que, en realidad, le da al trabajo realizado por las mujeres, así como la connivencia con una mutua donde lo que prima es su interés económico personal.
