Sumario:
- Educación incorporará en el curso 2022-23 a 1.700 docentes tras un acuerdo histórico.
- El Gobierno completa su propuesta de programa de ayudas del Posei para 2023, con una aportación máxima superior a 300 millones en apoyo público.
- El Gobierno pretende asumir las competencias en Seguridad Privada.
Educación incorporará en el curso 2022-23 a 1.700 docentes tras un acuerdo histórico
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó esta mañana, durante la sesión plenaria del Parlamento regional, el nuevo esfuerzo económico y la apuesta docente que hará el Ejecutivo autonómico para el curso académico 2022-23 con la incorporación de 1.700 profesores a los distintos niveles de la enseñanza pública en las Islas tras un acuerdo que considera “histórico” con una amplia representación de sindicatos de la docencia.
El jefe del Ejecutivo subrayó que esta nueva apuesta por la educación en Canarias requiere una inversión de 80 millones de euros y que sigue la línea del pacto de gobierno suscrito por las cuatro fuerzas que sustentan al Ejecutivo desde 2019, “cuando nos comprometimos a aumentar los profesores, bajar las ratios de alumnos, incorporar la educación infantil de 0 a 3 años, reforzar la FP dual e incrementar el presupuesto”, que ha crecido en 400 millones en este departamento en los últimos tres años y se ha acercado al 5% del PIB que recomienda la ley educativa.
Torres considera clave esta apuesta por la enseñanza en busca de que los niños y niñas, así como los jóvenes canarios, tengan las mismas oportunidades de estudiar y progresar “con independencia del nivel de ingresos de sus padres”. El presidente remarca el acuerdo alcanzado con los sindicatos y el hecho de que el nuevo catálogo suscrito prevea, entre otros avances y atenciones especiales, 40 docentes para niños con problemas de audición, 600 profesores con el objetivo de rebajar las ratios de alumnos y 400 para que haya una “justa distribución de la oferta en el territorio”, de manera que no se perjudiquen a zonas como las rurales.
A su juicio, esta apuesta no sólo es algo a tener “siempre claro, sino a mantener y a no renunciar a ella aunque empeore la situación económica. Canarias -dijo- es un ejemplo en este campo y, por ejemplo, prioriza las becas para los alumnos y alumnas de menos recursos pues todos tienen derecho a una educación en igualdad”.
Torres: “Que paguen más los que están sacando beneficios de esta inflación”
Sobre las medidas del Gobierno central para paliar la inflación, el presidente defiende que paguen más los que más beneficios están sacando de la situación actual, como los bancos y empresas eléctricas, “porque no hacer esto es darle la espalda a los que más están sufriendo”. Torres considera muy importante que 42.000 estudiantes canarios se vayan a beneficiar de un complemento de 100 euros en sus becas (con un desembolso total de 16 millones), que se refuerce la Política Agraria Común, que las islas sean la región con la mayor inversión para energías limpias (466 de los 700 millones para toda España) y que la apuesta por la sostenibilidad sea total para lograr la descarbonización de Canarias en 2040 como la mejor forma, por ejemplo, para luchar contra los incendios.
Sobre la gratuidad de los trenes de cercanía, el jefe del Ejecutivo recalcó que ya le han solicitado al Gobierno central la misma medida para las guaguas en el Archipiélago y que se incremente la conectividad del transporte público en las islas. Torres se pregunta cuál será el voto de la oposición sobre estas iniciativas, pide evitar el sarcasmo o la frivolidad sobre la inflación y recuerda que el presidente de Andalucía criticó los planes de empleo de Canarias sin que nadie del PP en las islas le respondiese, aparte de recordar que los mayores recortes e incumplimientos con el Archipiélago se produjeron en la etapa de Rajoy.
En este sentido, resaltó que el Gobierno canario ha votado informes desfavorables al Ejecutivo central, que ha tenido desacuerdos respecto a los antígenos, con el 80% del REF audiovisual, con la política migratoria, pero también hay muchos acuerdos en positivo que no suele enumerar la oposición: el superávit, las ayudas directas o el convenio de carreteras, cuyos 400 millones pendientes insistió en que ya están confirmados y se firmarán en una semanas.
A otra pregunta de la oposición, exigió rigor y el uso de datos oficiales sobre listas de espera sanitaria e indicó que, a finales de 2021, las de intervenciones habían descendido el 36% (un 9,6 respecto a 2019), había crecido el número de consultas en 1,5 millones, las pruebas diagnósticas el 17% y la demora media había descendido de 150 a 144 días. Además, y aunque admite que hay que seguir mejorando, indicó que diez comunidades españolas tiene ahora peores datos que Canarias.
Torres confirmó también que, durante este miércoles (27 de julio), se firmará el traspaso de las competencias de costas contempladas en el renovado Estatuto de Autonomía de 2018 durante la comisión bilateral Canarias-Estado. Además, criticó que se defienda una reducción fiscal del 60% para alguien de La Palma que cobra, por ejemplo, 100.000 euros, “pues eso no es justo para el resto de canarios que perciben mucho menos”, al tiempo que resaltó la coordinación de las administraciones ante el volcán y sus consecuencias.
El presidente pide que se compare la respuesta ante el volcán con las riadas o el Delta
En este sentido, insistió en que se compare la respuesta dada en menos de un año con lo que ocurrió con riadas del pasado o el Delta de 2005, lo que contrasta con las 622 soluciones habitacionales (con alquileres, pisos, casas de maderas o modulares) que ya se han propiciado a familias afectadas.
Sobre los medios para la extinción de incendios, el presidente indicó que se han reforzado con el 18% más de equipos y cree necesario incrementar las penas judiciales porque muchos de los fuegos son intencionados. Asimismo, destacó el trabajo realizado por los técnicos y personal de extinción en los 7 incendios de nivel 2 en las islas desde el verano de 2019, sus gestiones con la ministra de Transición Ecológica para que el sábado se incorporara a las labores en el norte de Tenerife un segundo hidroavión y la necesidad de intensificar esta lucha “porque el cambio climático ha venido para quedarse”. Según indicó, el incendio surgido en Los Realejos el pasado jueves se encuentra ahora estabilizado y en proceso de ser controlado.
El Gobierno completa su propuesta de programa de ayudas del Posei para 2023, con una aportación máxima superior a 300 millones en apoyo público
El Consejo de Gobierno completó en su reunión extraordinaria de hoy la propuesta canaria de ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para 2023 al alcanzar un acuerdo sobre el Régimen Especifico de Abastecimiento (REA) para ese mismo año. El Ejecutivo autonómico trasladará ahora esta propuesta a las autoridades estatales y europeas para que se pueda aplicar en el año 2023. Se contempla que las ayudas del REA estén abiertas a revisión en función de la evolución de la inflación durante ese periodo anual.
El Posei supone inyectar en la economía canaria un volumen máximo anual de ayudas directas de la UE de hasta 268 millones de euros, más los 33 millones de ayudas de Estado previstos para 2023, el llamado Posei adicional, con un aumento de 12 millones respecto a esa misma variable en 2022 (el total es de 301 millones para 2023). Este programa apoya a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (UE) que se enfrentan a problemas específicos por su lejanía, insularidad, pequeño tamaño, relieve o clima adverso.
Ese marco de apoyo comunitario singular tiene dos componentes: el de ayudas directas a la producción agraria local (con financiación de la UE y del Estado -Posei adicional-) y el de apoyo público a la importación de alimentos transformados y materias primas para la industria y el campo isleño (solo de la UE). Este es el conocido como REA. El objetivo del REA es garantizar el suministro en Canarias de productos alimentarios esenciales para consumo humano y de materias primas para la industria y el sector agrario local.
Esa segunda línea de ayudas del Posei, la que se recoge a través del REA, es la propuesta que aprobó el Consejo en su sesión extraordinaria de hoy. Incluye ayudas a la importación y exenciones arancelarias orientadas fundamentalmente a paliar el sobrecoste del transporte que afronta el Archipiélago como región ultraperiférica.
De ahí que el acuerdo del Consejo sobre el REA se produzca a partir de la propuesta de la Comisión de Seguimiento de este instrumento de política económica, en el que intervienen cuatro consejerías del Gobierno autonómico. En concreto, la preside la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y participan en ella las áreas de Turismo, Industria y Comercio; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Agricultura, Ganadería y Pesca.
La aprobación de la propuesta del REA para el año 2023 ha implicado un exhaustivo análisis de las necesidades de abastecimiento que se prevén para cada sector a lo largo del próximo año, para establecer la asignación más equilibrada y eficaz posible a todos los productos, para que se mantenga el tejido productivo y para que las ayudas tengan un efecto beneficioso en el coste de la cesta de la compra.
Como ejemplos, la importación de carnes y productos lácteos mantiene una dotación muy parecida a la de 2022 y, por otro lado, se incrementan los volúmenes subvencionados y la cuantía de la subvención para la alimentación animal con productos como la paja, la alfalfa o el raigrás.
El listado completo de ayudas del Posei (en el que se incluye la parte del REA) se remitirá ahora al Gobierno del Estado y éste, a su vez, a la Comisión Europea, que tendrá que dar su aprobación definitiva a la propuesta canaria antes de final de año, para que los nuevos importes de cada producto y las nuevas medidas destinadas a apoyar la producción agraria local puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023.
El Gobierno pretende asumir las competencias en Seguridad Privada
El Gobierno canario pretende asumir, antes de que acabe la presente legislatura, las competencias en Seguridad Privada, lo que incluye, según recoge en su artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.
Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su mayor predisposición para colaborar y coordinar el traspaso de estas competencias. De hecho, han propuesto la creación de un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo día 19 de septiembre, con el objetivo de valorar las circunstancias y situación real para desarrollar esta labor de la forma más efectiva y eficaz posible.
Julio Pérez, que ha estado acompañado en la citada reunión por el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos; y el jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Martín, ha explicado que, según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.
Entre los trabajos que asumiría el Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, están, por ejemplo, el control y seguimiento de aquellos establecimientos obligados a tener seguridad, así como la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos o los detectives privados.
