Santa Cruz de Tenerife.- La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, advirtió hoy que las listas de espera de la Dependencia “crecen sin parar y lejos de mejorar empeoran cada mes” y consideró “inaceptable que solo en el mes de julio se hayan incorporado más de 800 canarios” ante la ineficaz gestión de la Administración.
Australia Navarro calificó como “desesperante” la incapacidad del equipo al frente de la Consejería de Derechos Sociales para “poner freno” a esta escalada. “Con los datos de julio en la mano son ya cerca de 26.000 canarios los que desesperan enredados en la maraña burocrática de la consejería”.
“Seguimos en el pelotón de cola de España. Somos la comunidad menos eficaz, la que menos expedientes resuelve y la que más tiempo tarda. Tenemos a 16.600 canarios esperando a que el equipo de la consejera Santana se digne en resolver su expediente de solicitud, a más de 9.000 esperando por la ayuda a la que tienen derecho y tardamos en resolver el doble de tiempo que la media nacional”, informó la portavoz popular.
Al respecto señaló que las personas que solicitan atención en aplicación de la Ley de Dependencia deben esperar en el Archipiélago “una media de 927 días, frente a los 432 de media nacional”, hasta que reciben respuesta de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.
Para Navarro “lo que está claro es que un canario tiene que esperar de media el doble de tiempo que un peninsular para conseguir la dependencia”, 30 meses en las islas frente a los 14 en el resto del país. “Con los datos en la mano, prosiguió, desde que PSOE y Podemos llegaron al poder hay 3.500 canarios más en la lista de espera de la dependencia que en 2019. Una situación a todas luces insostenible a la que hay que poner inmediatamente solución”.
Para la presidenta de los populares canarios no se puede seguir recurriendo a la propaganda y el triunfalismo insistiendo en que los datos han mejorado “cuando la realidad, para el que la quiera ver, lo desmiente mes a mes».
A su juicio el gobierno solo tiene dos alternativas: “o el presidente Torres rectifica y reconoce que se equivocó al elegir a la persona para dirigir las políticas sociales de la comunidad, o bien tendremos que asumir que la consejera tenía razón y parte del gobierno, con la tolerancia del presidente, está torpedeando su gestión”.