Solo a través de la agilización de procesos, el incremento de las ayudas y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil, se podrá avanzar hacia un sistema de atención a la dependencia que verdaderamente responda a las necesidades de sus beneficiarios
Santa Cruz de Tenerife. En el archipiélago canario, la situación de las personas en situación de dependencia y el reconocimiento de su estado revelan un desafío burocrático y social considerable. A pesar de que la Ley de Dependencia se erige como un pilar esencial para garantizar el bienestar de este colectivo, la realidad muestra que el camino hacia la efectividad de estas medidas es aún tortuoso. La propuesta de un nuevo decreto para agilizar el reconocimiento del grado de dependencia por parte del Gobierno de Canarias es un reflejo de la urgencia por mejorar un sistema que, en muchos aspectos, se ha quedado rezagado.
La actual normativa exige que el proceso de reconocimiento se resuelva en seis meses, pero la práctica indica que el tiempo medio de tramitación alcanza casi los tres años (977 días), según datos oficiales del IMSERSO durante 2022. Esta lentitud no solo afecta a los plazos administrativos sino también a la vida de quienes requieren asistencia, muchos de los cuales no llegan a solicitar sus derechos por el temor a las demoras o porque, al hacerlo, su situación ya ha empeorado significativamente. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias busca simplificar este procedimiento a una única fase, con la esperanza de que una resolución más ágil pueda aliviar parte de esta carga.
Por otro lado, las ayudas económicas destinadas a las personas dependientes experimentarán un significativo aumento en 2024. Se anticipa que más de 500.000 individuos se beneficiarán de un incremento del 17,6% en las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar. Esta medida responde a la necesidad de adaptar las ayudas a las realidades cambiantes de las personas en situación de dependencia y sus cuidadores, ofreciendo un apoyo más robusto que refleje el compromiso del gobierno con su bienestar. La distribución de estas ayudas se ajustará según el grado de dependencia, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
La situación en Canarias refleja un contexto más amplio de lucha por la dignidad y la atención adecuada de las personas dependientes. Las propuestas de mejora y los ajustes en las ayudas económicas son pasos en la dirección correcta, pero también destacan la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de un enfoque más integrado que involucre a todos los agentes sociales. La externalización de servicios sociales y la asignación presupuestaria son aspectos cruciales que requieren una visión holística para garantizar que la dependencia sea abordada no solo como un asunto de políticas públicas sino como una prioridad social enraizada en el compromiso comunitario.
El estado de la dependencia en Canarias refleja un complejo entramado de desafíos y oportunidades en el ámbito de la asistencia social. La larga espera para el reconocimiento de la dependencia, que supera ampliamente los plazos legales establecidos, pone de manifiesto la necesidad de una reforma burocrática que agilice y simplifique los procesos. La propuesta del Gobierno de Canarias de consolidar el procedimiento en una única fase es un paso adelante hacia la mejora de la eficiencia y la efectividad del sistema de atención a la dependencia. Paralelamente, el incremento en las ayudas económicas para el año 2024 representa un compromiso tangible con el bienestar de las personas en situación de dependencia y sus familias, asegurando un apoyo más robusto y adaptado a sus necesidades.
Estas medidas, si bien son prometedoras, también subrayan la importancia de una visión integrada y colaborativa que involucre a todos los agentes sociales en la búsqueda de soluciones sostenibles y justas. La dependencia, más que un desafío administrativo o económico, es una cuestión de dignidad y derechos humanos que requiere una respuesta colectiva y comprometida. En este sentido, Canarias se encuentra ante la oportunidad de liderar con el ejemplo, demostrando que es posible construir un sistema de atención a la dependencia que no solo responda a las urgencias del presente, sino que también se anticipe y adapte a las necesidades futuras.
