UP denuncia ante Transparencia la negativa del gobierno municipal a facilitar el plan de evacuación y el estudio de impacto acústico del Carnaval

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Dolores Espinosa Padilla, concejala de UP. | Cedida.
Dolores Espinosa Padilla, concejala de UP. | Cedida.

Santa Cruz de Tenerife.- Dolores Espinosa Padilla, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo) vuelve a denunciar, por segundo año consecutivo, la negativa del gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife (CC-PP) a entregarle copia del plan de evacuación y de autoprotección de las zonas del centro urbano donde se celebrará el Carnaval 2023 así como el estudio de impacto acústico y dónde se instalarán los bares con permiso para utilizar la vía pública.

Ante esta opacidad en la que persiste el gobierno de Bermúdez, la edil ha presentado en el Parlamento canario una reclamación ante el Comisionado para la Transparencia, que ya el pasado año por igual motivo advirtió al Ayuntamiento chicharrero de la gravedad de su conducta contra el derecho de la oposición a disponer de estos documentos, que en 2022 le fueron entregados cuando ya había pasado el Carnaval, lo que impidió su labor de fiscalización en el momento adecuado.

Espinosa ha requerido también el mapa de los baños públicos,  el listado de barras en la calle con autorización para poner música por megafonía, así como  el estudio medioambiental para esta fiesta, que se prolongará hasta el 26 de febrero.

La representante de Unidas Podemos deja claro que la necesidad de conciliar el derecho al descanso de los vecinos con la celebración del Carnaval de Santa Cruz no supone una crítica a una tradición que -con sus concursos, conciertos y desfiles- es patrimonio cultural de la ciudad, sino al permanente deseo del gobierno de Bermúdez de extender el botellón que se ha originado en los últimos años en torno a esta fiesta hacia zonas de la ciudad donde históricamente no venía celebrándose el Carnaval en la calle.

Espinosa recuerda, además, que en su día, a raíz de una denuncia de vecinos de la avenida de Anaga, se dictó una sentencia judicial que obliga a adoptar una serie de medidas de correctoras del ruido de los actos carnavaleros en la calle, que el gobierno local debe acatar y cumplir, y es lo que la concejala quiere fiscalizar que se garantice, porque además de ese cumplimiento depende que no se reactive este litigio y que la fiesta se desarrolle con la normalidad deseada.

 

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UP denuncia ante Transparencia la negativa del gobierno municipal a facilitar el plan de evacuación y el estudio de impacto acústico del Carnaval
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UP denuncia ante Transparencia la negativa del gobierno municipal a facilitar el plan de evacuación y el estudio de impacto acústico del Carnaval
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Dolores Espinosa recuerda que ya el pasado año esta documentación la recibió pasados los carnavales y el Comisionado para la Transparencia advirtió de que retenerla es una falta grave
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