El servicio de ANPE detecta un incremento del 4% en los incidentes reportados por docentes durante el curso 2023-2024, con consecuencias graves para la salud mental del profesorado
Santa Cruz de Tenerife.- El Defensor del Profesor, servicio gestionado por el sindicato ANPE, ha revelado un aumento de la conflictividad en las aulas de Canarias por cuarto curso consecutivo. Durante el periodo 2023-2024, se registraron 163 incidentes, una cifra que supone un incremento del 4% respecto al curso anterior y la segunda más alta desde la creación del servicio hace 16 años.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, advirtió en rueda de prensa que estos casos reflejan un panorama preocupante para el ejercicio de la docencia. Crespo atribuyó esta tendencia al elevado número de alumnos por aula, la falta de personal especializado en orientación y el exceso de tareas burocráticas, factores que dificultan la atención directa al alumnado.
Impacto en la salud mental del profesorado
Según la memoria anual del servicio, el 49% de los docentes que denunciaron incidentes padecieron ansiedad, el 8,6% desarrollaron depresión y cerca del 20% necesitaron bajas laborales relacionadas con los conflictos. Bernardo Huerga, coordinador de El Defensor del Profesor en la provincia de Las Palmas, destacó que el 56% de los casos se dieron en la enseñanza secundaria, con un total de 91 incidentes, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al curso anterior.
Entre los problemas más comunes reportados están las dificultades para impartir clase (53% de los casos), amenazas (44%), faltas de respeto (34%) y denuncias por parte de familiares (17%). Las agresiones físicas al profesorado también se mantuvieron en niveles preocupantes, con 16 incidentes cometidos por alumnos y 3 por familiares.
Reivindicaciones y medidas propuestas
La presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera, subrayó la necesidad de reducir las ratios de alumnos por aula, especialmente en grupos con alta proporción de estudiantes con necesidades específicas. También abogó por aumentar los recursos humanos en orientación educativa y auxiliares educativos, esenciales para gestionar la convivencia en los centros.
Asimismo, Perera hizo un llamamiento a la Administración para simplificar el acceso de los docentes a ayuda psicológica y jurídica y evitar que los profesores agredidos tengan que continuar trabajando con sus agresores. Criticó la saturación burocrática y la pérdida de autoridad y reconocimiento social del profesorado, factores que agravan el estrés y la frustración entre los docentes.
ANPE insiste en que la creciente conflictividad en las aulas no solo afecta al profesorado, sino también a la calidad educativa y al bienestar del alumnado. Por ello, urge a la Consejería de Educación a implementar medidas concretas y efectivas que devuelvan la estabilidad y el respeto a las aulas.
