La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 y otros colectivos se reunieron con altos cargos del Gobierno estatal y del Consorcio de Seguros.
Los Llanos de Aridane.- La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 ha reivindicado, junto a otras asociaciones, ante responsables del Consorcio de Compensación de Seguros, que se adopten cuanto antes medidas definitivas a favor de las personas damnificadas que aún tienen que pagar hipotecas y créditos sobre bienes ya destruidos, o que no pudieron recibir indemnización o mejorar la porque la carencia de 7 días de sus nuevas o actualizadas pólizas; también a quienes las aseguradoras les denegaron estos trámites al inicio del proceso eruptivo, y en los casos de infravaloración de tasaciones por parte de esta entidad consorcial pública.
Así lo expusieron este 19 de abril, cuando precisamente se cumplían 19 meses del fatídico comienzo de este desastre natural, representantes de este y otros colectivos de afectados durante un encuentro mantenido en la Casa Massieu, de Los Llanos de Aridane, con la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez Ponga Salamanca; el director general de Seguros y Fondos de Pensiones del Gobierno estatal, Sergio Álvarez Camiña, la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovil, y el comisionado especial del Estado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.
Asistieron a la reunión representantes de esta plataforma y de la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, las asociaciones de vecinos de Las Manchas y La Laguna, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados, entre otros.
La plataforma afirma que son muchos aún los asuntos pendientes a los que no se dio respuesta aún en esta reunión, pese a los 15 meses ya transcurridos desde el final de la erupción, y que hay decisiones que no pueden demorarse mucho tiempo más.
Entre los temas «sangrantes» que se abordaron está el hecho de que las personas damnificadas con hipotecas y préstamos sobre bienes o inversiones que quedaron sepultadas por la lava, se van a ver con serias dificultades para poder rehacer sus viviendas o actividades económicas, si no se les condonan esas deudas anteriores, pues la moratoria de pagos, que al parecer se ampliará a lo que resta de año, no resuelve el problema, sino que lo aplaza temporalmente.
También se trató en el encuentro el «agravio» con quienes, por no haber advertido la Administración pública con suficiente antelación del riesgo volcánico y no haber recibido ninguna recomendación sobre el aseguramiento de bienes, no pudieron suscribir una póliza a tiempo o mejorar la que tenían, dándose la circunstancia de que quienes finalmente suscribieron un seguro, tuvieron que esperar 7 días de carencia para que estuviera vigente, tiempo en el que sus propiedades fueron arrasadas por las coladas de lava, con lo que se quedaron sin indemnización del Consorcio.
Igualmente, se mencionó en el encuentro la necesidad de que se compense por la pérdida de las fincas agrícolas que no pudieron ser aseguradas antes de que el volcán las destruyera, porque ninguna compañía aseguradora se hacía cargo de esa cobertura.
Comoquiera que para quienes no tuvieron seguro o no lo tenían vigente aún se han establecido indemnizaciones humanitarias y sujetas a la voluntad política y el desigual ritmo de abono de las diferentes Administraciones públicas, la plataforma reivindicó que se incrementen en 60.000 euros estas ayudas para que se equiparen a la media de las indemnizaciones que han recibido de las aseguradoras.
Se habló también del problema de las diferencias significativas de la estimación del valor de las propiedades entre las tasaciones de los técnicos del Consorcio de Seguros y las realizadas por otros profesionales, aportadas por los particulares.
Los afectados en esta situación advierten de que no estamos ante un siniestro menor, sino ante la peor catástrofe volcánica de Europa en el último siglo, para cuyo grado de destrucción la legislación vigente no recoge garantías a los damnificados de disponer de los medios necesarios para recuperar un hogar y su medio de vida, lo que, de no atenderse las peticiones de las asociaciones de damnificados, el resultado inevitable será una nueva emigración de la isla (que ya se está produciendo), la depresión económica y el empobrecimiento de sus habitantes golpeados por este desastre natural.
Además, la plataforma incidió en que siguen abiertos expedientes de afectados, con una demora en su resolución ya excesiva.
Sobre todas estas reivindicaciones, los altos cargos estatales presentes en la reunión se limitaron a tomar nota, sin dar respuesta, por lo que la plataforma exige que estos organismos públicos adopten pronto unas decisiones, desde la premisa de que a problemas extraordinarios deben aplicarse soluciones extraordinarias, que deben ser satisfactorias para el porvenir de la población afectada y de la isla.
La plataforma aclara también que este 19 de abril decidió no organizar la habitual concentración o manifestación, para concentrar los esfuerzos en esta reunión oficial, a la que estaban invitados los colectivos de afectados, aunque para el 19 de mayo sí prevé convocar un nuevo acto reivindicativo.